Las Bolsas de Comercio advierten que eliminar beneficios a las SGR para financiar jubilaciones encarecerá el crédito para pymes y pone en riesgo la producción.
La sesión ordinaria del Senado de la Nación aprobó la prórroga por dos años de la moratoria previsional, un aumento del 7,2% en las jubilaciones y la actualización del bono que cobran mensualmente los jubilados de menores ingresos. Sin embargo, la medida sumó una nueva crítica inesperada: la de las Bolsas de Comercio del país que, aseguran, que lo votado pone en riesgo la financiación de PYMES en todo el país
En un documento firmado por las Bolsas de todo el país, se objeta fuertemente la eliminación de los beneficios impositivos al sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) como parte del paquete de financiamiento para la actualización de los haberes jubilatorios.
La aprobación legislativa no clausura el debate. El presidente Javier Milei anunció que vetará la norma en el propio salón de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; sin embargo, el Congreso podría insistir con dos tercios de los votos en ambas cámaras, lo que abriría la puerta a una promulgación automática. El futuro de las SGR –que algunos caracterizan como fundamentales para el financiamiento pyme– se encuentra ahora (según las Bolsas) en serio peligro.
A pesar de las loas de las Bolsas de Comercio al sistema, la realidad es que se trata de un apartado de difícil acceso, y menos del 30% de los créditos otorgados a las PYMES están dentro del sistema de SGR. Cabe recordar que el crédito productivo representa apenas el 11% del PBI argentino.
Las Sociedades de Garantía Recíproca han sido consideradas, en los últimos años, una de las herramientas más eficientes para el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas (pymes). Su funcionamiento se basa en la articulación entre pymes que requieren financiamiento y socios protectores –personas humanas o jurídicas– que aportan capital a un fondo de riesgo. Este fondo permite emitir avales, facilitando operaciones bancarias, bursátiles o de leasing en condiciones más favorables.
El incentivo para los aportantes al sistema de SGR es doble: una rentabilidad financiera sobre los fondos invertidos y una deducción en el Impuesto a las Ganancias, prevista incluso para empleados en relación de dependencia. Se trata de una figura legal que no solo fomenta la inversión privada en sectores productivos, sino que también intenta contribuir a fortalecer la formalidad y la inclusión financiera en el entramado pyme nacional.
Con la eliminación de la deducción, el documento crítico anticipa un efecto dominó: reducción de aportes, menor capacidad de otorgamiento de avales y encarecimiento del crédito para las pymes que pueden tener acceso a él.
Los registros del Mercado Argentino de Valores (MAV) muestran que, a 90 días, la tasa de descuento para cheques no avalados por una SGR ronda el 40% anual, mientras que los respaldados por SGR se colocan en torno al 35,7% anual. Esa diferencia es particularmente significativa en un contexto de inflación y escasa disponibilidad de crédito.
Según datos de las Bolsas, el volumen movilizado por las SGR es superior a los 3,8 billones de pesos, aunque no se aclara en qué periodo de tiempo. De acuerdo con el documento –que no brinda demasiadas precisiones–, ese movimiento ha contribuido a sostener medio millón de puestos de trabajo.
El documento fue firmado por las Bolsas de Comercio de Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Chaco y Corrientes, junto con el MAV, BYMA, Caja de Valores y otras instituciones del mercado de capitales. En él se expresa su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a la medida votada por el Congreso de la Nación.
El argumento principal de la crítica es el bajo costo fiscal de la deducción, estimado en apenas el 0,02% del Producto Bruto Interno (PBI), frente a los múltiples beneficios económicos, fiscales y laborales que genera el sistema de SGR.
Las entidades firmantes del documento advirtieron que, en la Argentina, el crédito productivo representa solo el 11% del PBI, una proporción sensiblemente inferior a la de países con los que se pretende competir en los mercados globales. En ese marco, aseguran que debilitar uno de los pocos instrumentos que promueven el financiamiento formal de las pymes no solo parece contradictorio, sino regresivo.
El sistema de SGR ha mostrado, además, una articulación público-privada con lógica federal, que ha canalizado inversiones hacia provincias menos desarrolladas, corrigiendo parcialmente las asimetrías regionales en el acceso al crédito, aseguran los firmantes.
Mientras la pelea entre la política y el círculo rojo económico toma volumen, las pymes siguen operando en un contexto de fragilidad, con tasas de interés elevadas, escasez de financiamiento y creciente presión tributaria.