La derogación de la ley 9133 de registro de contratos de compraventa de productos agrícolas no avanza. El Gobierno admite pedidos para prorrogar su vigencia.
Mientras la derogación de ley de contratos de compraventa de productos está en suspenso, el registro sigue vigente
Aunque parecía condenado a desaparecer, por segunda vez en lo que va de 2024, el Gobierno decidió prorrogar la vigencia del registro de contratos de compraventa de productos agrícolas. Así, establecimientos y productores deberán asentar precios y condiciones comerciales de las transacciones al menos hasta fin de año, mientras sigue frenada la derogación de la ley 9133 que los obliga a hacerlo en Mendoza.
Todo depende de que la supervivencia de la norma. Sancionada en 2018 durante el primer gobierno de Alfredo Cornejo para balancear la relación industria-sector primario, parece haber caído en desgracia: Cornejo ahora quiere la derogación de la ley que el mismo impulsó 6 años atrás con el argumento de que sólo ha generado gastos administrativos.
Pero su tratamiento sigue en "stand-by" en la Legislatura. Incluso ya no se limita a derogarla, sino que contempla también una eventual modificación frente a las críticas que recibió el Ejecutivo por su cambio de postura respecto a la ley.
Frente a ese panorama, el director de Fiscalización, Control y Tecnología Industrial, Leandro Roldán, firmó la resolución 284 que autoriza otra prórroga por 120 días hábiles para registrar contratos de productos "cuyo destino final sea su entrega a establecimientos agroindustriales".
No es la primera prórroga de la vigencia del registro de contratos, luego del anuncio que el propio Cornejo había formalizado durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo: su intención de impulsar en la Legislatura la derogación de la ley 9133 ni más ni menos.
Pero a partir de esa decisión, las críticas en defensa de la ley de Contratos arreciaron. Al punto que a través de una resolución anterior, la 216/24, a principios de junio Roldán decidió una primera extensión del plazo de 60 días hábiles para asentarlos según la ley 9133 que sigue frenada en la Legislatura.
De hecho, la dirección de Fiscalización confirmó la recepción de "diversas presentaciones solicitando la prórroga del plazo".
Incluso ahora el Gobierno considera que los argumentos se sostienen hasta ahora. Y mientras tanto, incluyó en el proyecto a tratar por la Legislatura un dato no menor que es indicio de otro cambio de postura: ahora se habla de derogación y/o modificación de la ley.
Entre los planteos que retrucan la intención del Gobierno de hacer desaparecer la ley y con ella el registro de contratos hay varias cámaras de productores de la provincia. Son las que, por ahora y en parte, lograron que Fiscalización recoja el guante y haya decidido la prórroga, e incluso buscan instalar su propia alternativa para "salvarla" en la Legislatura.
"Al Gobierno pedimos una alternativa a la derogación para no volver a lo que era antes: dejame la uva y luego veo cuánto te pago y cuándo. Vamos a proponer en la Legislatura una "pizarra de precios" de referencia semanal, como en trigo y el maíz, y así terminar con el contrato oral", señaló Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural de Valle de Uco, que ya se había hecho oír luego de que se conociera la intención de la administración Cornejo de eliminar la ley de contratos.
Con su proyecto para que la norma se modifique o adapte a la coyuntura, que según Leiva sería aplicar un "precontrato, o proforma", la entidad busca contrarrestar el argumento oficial de que sólo genera gastos administrativos.
Mientras aguardan una reunión con Roldán para discutirlo, también esperan que se concrete el compromiso del ministro de Producción Vargas Arizu de sostener con estadísticas su idea de que la ley perdió sentido.
Por el contrario, desde Cafim (Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza) se muestran a favor de la derogación.
Para su titular, Raúl Giordano "fue una medida que se promulgó hace unos años para el sector vitivinícola, con un modelo que después se replicó para el hortícola y frutícola sin que diera resultado o lograra el objetivo. También complicó más que no se tuviera en cuenta fruta y verdura que ingresa de otras provincias, obligando al productor a firmar un contrato y pagar un tributo en Mendoza".
Según el industrial, "tanto a productores como a fabricantes nos trajo muchos problemas. E incluso multas que todavía están recurridas en la Justicia".