A poco de conocerse el fallo de la Justicia de Nueva York que obliga a Argentina a pagar casi u$s 16 mil millones por la expropiación de YPF en 2012, el gobierno nacional aseguró que "apelará inmediatamente".
Juicio por YPF: el fondo Buford pide el 51% de las acciones del Estado argentino.
A poco de conocerse el fallo de la Justicia de Nueva York que obliga a Argentina a pagar casi u$s 16 mil millones por la expropiación de YPF en 2012, el gobierno nacional aseguró que "apelará inmediatamente".
El esperado dictámen, emitido hoy por la jueza Loretta Preska, deviene del reclamo que desde 2015 impulsa el fondo de inversión Burford contra la reestatización de YPF dispuesta por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. Y aunque se esperaba que fuera inferior, el monto del resarcimiento activó la apelación que ya habían anticipado abogados que defienden a Argentina en la causa.
"El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", expresó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti sobre el el fallo de Preska a favor de la compensación a Burford.
En marzo, la misma jueza había fallado en contra del país al considerar que hubo incumplimiento de contrato del Gobierno argentino. Y ya a fines de julio, como parte del juicio por la estatización e YPF había dispuesto una audiencia para escuchar los argumentos de las partes, aunque sólo restaba saber el monto de la sentencia de primera instancia.
Allí, los representantes de Argentina ante la Corte neoyorquina ya habían planteado una desproporción: es que el pago del resarcimiento triplica el desembolso que efectuó Argentina al grupo español Repsol (ex controlante de la YPF privada) al concretarse la expropiación.
Para el Gobierno nacional, Burford Capital "no fue víctima de ninguna expropiación" cuando el gobierno de CFK oficializó la recompra del 51% de acciones de YPF en 2012. Apuntan a un hecho puntual: el fondo recompró derechos de litigio a otros acreedores como grupo Petersen, conformado por empresas argentinas, en su momento accionistas minoritarios de Repsol.
El fallo de la jueza se produce luego de que fracasaran una serie de negociaciones y ordena que el Estado argentino sea el que debe resarcir al fondo Burford y no la compañía. Ahora se espera que el Gobierno apele a partir del próximo lunes 11, aunque Burford también prepara un contraataque.
Según fuentes de YPF “es un fallo positivo” porque “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional. Con lo que sus activos están fuera de riesgo”.
Sin embargo, una vez que Argentina presente la apelación, Burford Capital podría empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos. Es decir, el patrimonio de la misma YPF. (NA/Télam).