Otilio Romano espera en una celda de San Felipe el comienzo del juicio que lo tiene como imputado por más de un centenar de delitos de lesa humanidad.
Otilio Romano espera en una celda de San Felipe el comienzo del juicio que lo tiene como imputado por más de un centenar de delitos de lesa humanidad.
Según trascendió, en los próximos diez días el Tribunal Oral Federal Nº 1 será el encargado de notificar la fecha del comienzo del debate que podría ser el próximo 11 de noviembre cuando arranque el cuarto juicio en la provincia con, hasta ahora, el único acusado ex agente de Inteligencia del Ejército, Enrique Blas Gómez Saá.
En tanto, organismos de Derechos Humanos y víctimas de la última dictadura militar se mostraron conformes con la prisión preventiva del ex camarista federal.
Que Romano esté en la cárcel es lo que corresponde y que tenía que pasar con una persona que escapó y que se fugó, explicó el abogado del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Pablo Salinas.
Para el abogado, además, la actuación de la Justicia chilena demostró que pesó más el derecho que el lobby, ya que aunque Romano contrató al estudio jurídico más caro del país no pudo evitar que sea juzgado.
Por su parte, Luz Faingold, víctima de la última dictadura y actual directora de Derechos Humanos de la municipalidad de Capital sostuvo que es una sensación de Justicia saber que no sólo los pobres diablos van esposados, sino que a las personas poderosas también les toca.
Fue muy simbólico verlo con esposas entrar al edificio donde él era el dueño, sostuvo.
Mega causa
Si bien la fiscalía y la querella solicitaron que Romano sea juzgado en el cuarto juicio que se realizará el 11 de noviembre, el Tribunal será quien tenga la última palabra.
El pedido se realizó para que el ex camarista sea juzgado junto a otros sospechosos de delitos de lesa humanidad.
Los últimos pasos del ex juez
Romano fue llegó a nuestra provincia el pasado miércoles a la noche, tras ser extraditado de Chile donde había solicitado asilo político.
El ex camarista huyó a Chile un día antes de ser suspendido de sus funciones, el 25de agosto de 2011 y permaneció por más de un año en el país vecino. Si bien solicitó asilo político, en a finales de agosto de 2013 la Corte Suprema de Chile, en forma unánime, ratificó el fallo del ministro Sergio Muñoz, que el 18 de junio pasado, accedió a la petición de la justicia argentina para su extradición.