Los datos son alarmantes: Mendoza es la provincia con más presos por cada 100 mil habitantes del país, cada preso le cuesta al Estado $90.000 anuales y, por si esto fuera poco, más del 60% de los que salen de las cárceles reinciden y vuelven a estar tras las rejas en poco tiempo. Un cóctel explosivo que genera que el sistema penitenciario esté al borde del colapso, algo que el Gobierno busca evitar con un nuevo e interesante proyecto de ley.
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Se trata de una iniciativa del Ejecutivo provincial que será enviada a la Legislatura en los próximos días y buscará incentivar a los empresarios locales para que contraten a ex reos (y a sus familiares directos) a cambio de beneficios impositivos.
Así, la idea nacida del seno del ministerio de Gobierno, que dirige Félix González, es reducir los ingresos brutos y que el Estado se haga cargo de una parte de la carga social que ese trabajador (ex preso) le signifique al empleador.
Sucede que, según los datos que maneja Félix González, de los más de 21.000 empleadores registrados que hay en la provincia sólo 8 abren sus puertas a ex reos, por lo que actualmente la mayoría de los que consiguen trabajo tras su liberación lo hacen en el Estado.
Sobre esto, los datos que manejan en el Gobierno dan muestra de la importancia de una ley de este tipo: de los presos que salen y no trabajan, el 80% vuelven a la cárcel. No obstante, de los que salen y consiguen empleo en el primer año, el número se reduce notablemente a menos del 10%.
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El proyecto fue anunciado por el Gobernador y explicado por el ministro Félix González. |
Además, no sólo desde el punto de vista social para el Ejecutivo es fundamental una ley de este tipo, ya que desde lo económico el regreso de personas a los penales locales significa un gran gasto anual. Es que cada detenido, en promedio, le cuesta a los mendocinos unos $90.000 anuales, aproximadamente unos $7.000 mensuales (más que el sueldo promedio de un empleado público).
Así, con esta ley (y de recibir la ayuda empresarial) el Ejecutivo piensa ahorrarse una gran cantidad de fondos en los presos que reinciden y reinvertir este dinero en mejorar la situación edilicia, las condiciones de vida y, sobre todo, la educación que reciben los reos.
No podemos seguir con esta situación, tenemos datos alarmantes y el sistema va camino a colapsar. Si seguimos así vamos a terminar como en Chile, donde la izquierda y la derecha tuvieron que ponerse de acuerdo para brindar amnistía a una gran cantidad de detenidos porque las cárceles no daban explotaron, fundamentó el ministro González.