La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dejó sin efecto el llamamiento a sentencia del plenario de ministros en el que se debía analizar los alcances de los requisitos constitucionales para integrar el tribunal, conflicto generado tras la designación de Teresa Day como ministra. De esta manera la resolución de la causa se demorará unos días más.
En las listas diarias del Poder Judicial de este miércoles aparece publicado un decreto firmado por el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, que señala "déjase sin efecto el llamamiento de autos para sentencia" en la causa donde se analizan los alcances del requisito constitucional que exige el inciso 3 del artículo 152 de la Constitución Provincial, respecto a que para ser integrante del máximo tribunal provincial se debe contar con 10 años de ejercicio de la abogacía.
El conflicto de fondo en este proceso judicial tiene que ver con el arribo de Teresa Day al alto tribunal. Desde la oposición y otros organismos sociales, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se recurrió a la Corte al considerar que la flamante ministra no cumple con los requisitos constitucionales para ocupar ese cargo.
Desde el Poder Judicial indicaron que esta dilatación se debe a que se corre traslado Procurador General de la Corte, Alejandro Gullé, para que elabore un dictamen y se le da un plazo de resolución de 5 días hábiles.
En tanto, resaltaron que una vez resuelto ese proceso se reactiva el llamamiento de autos para sentencia y tiene 4 días cada ministro para emitir su voto, para que luego salga el fallo definitivo.
El llamamiento a sentencia se había publicado este lunes y en él se establecía el siguiente orden de los votos: en primer lugar, Dr. Dalmiro F. Garay; segundo, Dr. Julio R. Gómez; tercero, Dr. Omar A. Palermo; cuarto: Dr. Pedro J. Llorente; quinto: Dr. José V. Valerio; sexto: Dra. Alejandra Orbelli; y, séptimo: Dr. Mario D. Adaro.
Asimismo en el decreto publicado este miércoles se hace referencia a que se deberá resolver también un recurso de reposición interpuesto por la APDH y otros organismos en el que se recusa a los jueces Garay y a Orbelli.
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