Es que tras la sanción de la norma que envió el gobernador Suarez a la Legislatura luego de hacerse público el salario de la secretaria de la Corte, 21 personas de las 26 que alcanza la ley presentaron una declaración de certeza y un recurso de inconstitucionalidad, que recayeron en la Sala Segunda. Además, vía medida cautelar, reclamaron seguir percibiendo sus salarios tal cual lo cobraban antes de que la normativa entrara en vigencia, hasta tanto se resuelvan ambas acciones judiciales.
Dalmiro Garay convocó al tribunal en pleno (Foto: Yemel Fil)
Los abogados representantes de los funcionarios denunciantes remarcan que la ley no se atiene a la Constitución Provincial porque viola el principio de no retroactividad de una ley, en el sentido que no debería aplicarse hacia atrás, sino que su efectividad es desde su sanción en adelante.
En cuanto a la declaración de certeza, resaltan que el texto no es claro respecto a su alcance y a las excepciones que plantea. En este punto, cabe destacar que cuando se anunció la ley, se dijo que repercutiría en unos 80 funcionarios equiparados, pero con las modificaciones implementadas en la Legislatura, el número apenas supera la veintena.
Sin Nanclares (medio) y con Day, la Corte deberá resolver
En los fundamentos de su resolución, Garay justifica la convocatoria al tribunal en pleno en relación a "la trascendencia institucional de los planteos" de los demandantes, que excede "el interés individual (...), ya que estarían comprometidos los alcances de las facultades que la Constitución asigna a la Suprema Corte".
Respecto al llamado a una audiencia pública informativa, que también solicitó Valerio, el presidente de la Corte destaca que hasta tanto se constituyan las "relaciones jurídico-procesales", se postergará este proceso "para el momento oportuno".
Aquí cabe una nueva controversia, ya que se entiende que Day participará de la resolución en pleno más allá de que su nombramiento aún no ha quedado firme en la Justicia. Asimismo, se podría pensar en la posible excusación de los jueces que mantienen una estrecha relación con algunos de los accionantes, o en todo caso, presentaciones de recusaciones por este motivo.
