En diálogo con Sitio Andino, la magistrada indicó que la decisión de colectivizar los procesos responde a una "mayor celeridad jurídica y economía procesal", ya que el objeto de las demandas es el mismo: la pretensión de ineficiencia de las cláusulas que determinan el valor móvil que se utiliza para dividir las cuotas.
Sin embargo, como los planes son de carácter nacional, surge el planteo de que el proceso debería tramitarse en la órbita federal. "Hace un año y medio una ONG (Protectora) presentó un amparo colectivo en la Justicia Federal, que se declaró incompetente como ocurrió en la mayoría de las provincias del país; por eso asumimos la competencia", destacó Martinelli.
"Hay un problema de fondo de competencia, porque los procesos de consumo (ley de defensa al consumidor) son, en general, de jurisdicción provincial; pero estos son planes de carácter interprovincial. Sin embargo, decidimos avanzar porque entendimos que no podíamos dejar a la gente sin solución, peleándonos por un problema de competencia. No podemos abandonar a todos los mendocinos y decirles que vayan a pelear a la Corte Nacional contra la Justicia Federal", explicó la jueza.
La medida cautelar que adoptó la magistrada establece que hasta tanto dicte la sentencia que resuelva la cuestión de fondo, se deberá liquidar como cuota para los próximos meses el valor de abril de 2018 más el coeficiente de variación salarial publicado mensualmente por el INDEC. La misma fórmula deberá tomarse en cuenta para el periodo 2018/2020 y si surgiesen diferencias entre lo abonado y lo dictaminado por la resolución judicial, esos fondos se tomarán como pago a cuenta para próximos cobros, siempre y cuando el futuro fallo sea favorable para los adherentes.
Tanto la resolución de la jueza como la acción colectiva fueron apeladas por una de las firmas automotrices, por lo tanto es la Segunda Cámara en lo Civil la que deberá resolver no sólo la medida adoptada por Martinelli, sino también si declara o no la falta de jurisdicción de los tribunales de Mendoza para resolver el conflicto que sólo en Mendoza afecta a unas diez mil personas.