El Gobierno dispuso oficialmente hoy las intervenciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) hasta el 31 de diciembre próximo, en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Como interventor del ENRE fue designado Federico Basualdo, mientras que en el ENARGAS ese puesto lo ocupará Federico Bernal. La medida menciona a la ley 27.541, que faculta al Ejecutivo a intevenir a los entes de control "mientras dure la Emergencia", y va de la mano con el propósito de una reducción de la "carga tarifaria real sobre hogares, comercios e industrias para el 2020".
De ahora en más, estos funcionarios deberán iniciar "un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente o de una revisión de carácter extraordinario que alcance todo lo pretérito actuado y sucedido en esta materia para volver a determinar una tarifa del servicio público de electricidad que sea justa y razonable", de acuerdo con lo dispuesto en los decretos 277 y 278 firmados por el presidente Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
También, según el decreto firmado por "tendrán que realizar una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evalúe los aspectos regulados por la Ley N° 27.541 (de Solidaridad Social) en materia energética". Proceso que incluye a los directores nombrados en ambos organismos, para lo cual los nuevos funcionarios tienen un plazo de 180 días.
Esto pone el ojo nuevamente sobre los cortes de suministro implementados desde el último bimestre de 2019 por la empresa Ecogas en el área abastecida de Mendoza. Una medida en el marco de una causa judicial que buscaba amparar a los beneficiarios de tarifa social y hogares de menor poder adquisitivo de los últimos aumentos, justamente parte del universo alcanzado por la decisión de la distribuidora en casos de falta de pago del servicio.
