Cada crisis económica es un caldo de cultivo del que a duras penas puedan mantenerse a salvo las finanzas personales de muchos mendocinos. Así es como, agobiados por sus compromisos, cada vez son más los que se ven forzados a dejar de pagar para ir a concurso de acreedores o terminar en la quiebra: en los últimos 10 años la cifra se incrementó casi 40% según datos de la Justicia provincial.
Sólo durante 2019 ingresaron a juzgados concursales 2428 causas, que implican el inicio de un sendero que puede llevar a reestructurar deudas, o desembocar en la quiebra personal, la salida más frecuente. Por su parte, las 4.537 sentencias, casi 11% más que en 2018 confirman hasta qué punto el nivel de endeudamiento se volvió insostenible para muchos en Mendoza.
"Por lo general, las empresas chicas cambian de razón social....en el caso de los personales conlleva quedar inhibido para ejercer el comercio o tener una tarjeta durante diez años según la ley. No obstante, quien trabaja en relación de dependencia puede si tiene un sueldo acorde, pero la inhibición mina la confianza", explica el contador Raúl Testini.
La convocatoria de acreedores es el último recurso para librarse del peso jurídico que acarrea ser insolvente, y tener una segunda vida como sujeto de crédito en el sistema financiero. Muchos asumen que declararse en quiebra es borrón y cuenta nueva. Pero también que esa mancha en el historial, tanto a la hora de firmar un contrato como de buscar financiamiento.
Algunas estadísticas
El 45% interanual fue el gran salto en cuanto a cantidad de causas en 2019. Hasta entonces, 2017, con 1783 aperturas, había sido la marca más baja de los 4 años críticos en materia económica de la gestión Macri, un nivel similar al de casi una década atrás (en 2010 habían ingresado 1.725).
En el área metropolitana de Mendoza está el gran núcleo de concursos de acreedores: hasta diciembre pasado la región acumuló 1794 causas.
Los 4537 mendocinos a quienes los jueces decretaron la quiebra personal el año pasado, superaron en 11,2% a los que habían llegado a esa instancia en 2018. En la serie histórica la variación es mucho más notable, ya que representa un 60% más que 2015, y del 65% en relación a una década atrás.
El grueso, también en esta instancia, se concentra en los departamentos del Gran Mendoza: de allí salieron más de 6 de cada 10 del total provincial. Le sigue la zona Este, con 1.297, o sea, un 28,6% del universo de personas cuya situación financiera dejó en esa incómoda situación. Mucho menor es la proporción registrada en el Valle de Uco y el Sur provincial, donde no llegan a los 300.
Una bisagra?
El último tiempo, la Justicia emite diariamente un promedio de 40 edictos, entre aperturas de concursos y quiebras voluntarias, además de algunos procesos que se resolvieron. De acuerdo a los síndicos consultados por Sitio Andino, aunque puede variar, el grueso de los montos de los pasivos oscilan entre los $100.000 y $200.000 y reestructurarlos (o no) puede llevar 2 años o mas.
Para el síndico Héctor Maestra, "el 95 % de los casos se resuelven en quiebra. Lo hacen para blanquear su situación dada la facilidad con que la justicia trata un problema de sobre endeudamiento que demuestra lo fácil que es tomar créditos que luego no se van a poder pagar y la irresponsabilidad en el cumplimiento. También la facilidad de otorgar créditos a tasas usurarias".
María es el nombre ficticio de una profesional que le aportó una mirada crítica a Sitio Andino. "El año pasado me inscribí sin saber que tan rentable puede ser y tengo mis dudas. Hay una "industria" creciente, en torno a personas de bajos recursos que parecen saber cómo burlar la ley porque son incobrables, tanto como los honorarios del síndico intervinientes. Es prestar un servicio gratis, una pérdida de tiempo y un gran gasto para el sistema en general, pero así funciona todo".
María tiene 4 casos quiebras voluntarias asignados por la Justicia. Entre otros, el de un jubilado al que no puede aplicarsele una retención por percibir el haber mínimo. Y el de una deuda de $100 mil por la compra de una heladera:.el solicitante es un empleado municipal "que vive en un barrio de las llamadas zonas conflictivas y acredita ser titular de una moto que ni siquiera puede incautarse".
La realidad misma completa esas definiciones. Es que en algunos municipios del Gran Mendoza el nivel de endeudamiento (y embargo de los sueldos) es tal que parte de las nuevas competencias de los asesores letrados de la comuna pasa por "acompañar" a los mismos trabajadores en el camino para tramitar el concurso. E intentar una vía que les permita hacer ese "borrón y cuenta nueva".
