El 26 de julio del 2017, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza emitía un falló histórico: condenaba a cadena a perpetua a los ex magistrados Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Petra Recabarren por su participación en delitos de Lesa Humanidad en la última dictadura cívico-militar de nuestro país.
La sentencia fue leída en tribunales federales y firmada por los jueces Alejandro Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, tras dos años y medio de debate -empezó el 17 de febrero del 2014-.
Una vez conocidos los fundamentos, los condenados presentaron un amparo en disconformidad con el veredicto y fue la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani -por unanimidad- la rechazó los recursos de casación interpuestos por las defensas de diferentes condenados por delitos de lesa humanidad ocurridos en la provincia de Mendoza.
Además, el Máximo Tribunal Penal del país -también por unanimidad- hizo lugar a los recursos de casación de la fiscalía y de la parte querellante en base a lo cual anuló absoluciones de distintos imputados e hizo lugar a planteos en los que se reclamaban calificaciones legales más graves y penas más altas.
Pablo Salinas, abogado querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) regional Mendoza en el juicio, dialogó con Marcelo Sisso al aire de En Tiempo Real (FM Andina 90.1) y expresó su satisfacción por la decisión de Casación.
"Para nosotros es un logro enorme porque permite que avancen los juicios por responsabilidad judicial en todo el país. Ahora con este fallo, muchísimas causas, creo que hay 410, contra magistrados en todo el país por complicidad con la dictadura, tienen un espaldarazo enorme", analizó.
El letrado aclaró que si bien hay una instancia más en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, "es muy difícil que la Corte revoque, sobre todo cuando es unánime la resolución".
ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: