Javier Milei frena un reactor clave para la energía nuclear argentina mientras IMPSA vende en Estados Unidos sus componentes.
Hay una paradoja que atraviesa el proyecto CAREM 25, quizás el más importante del desarrollo de energía nuclear en Argentina, y que ningún comunicado oficial se ha ocupado de resolver: el mismo reactor que la administración de Javier Milei “recalibró” (eufemismo para "descartó") por considerarlo inviable económicamente resultó ser, en el mercado internacional, uno de los desarrollos más codiciados del sector nuclear.
Así, la administración Milei logró otro récord: que el mundo demande lo que él dice que no sirve. El episodio que condensó esta contradicción tuvo lugar durante la Argentina Week, celebrada en Nueva York. En ese marco, Jorge Salcedo, CEO de IMPSA-ARC Energy, anunció en una entrevista con la revista Forbes un acuerdo con Martín Porro, titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para culminar la vasija de presión del abandonado reactor CAREM 25. El objetivo declarado: utilizar ese componente como carta de presentación para vender tecnología nuclear argentina a desarrolladores de reactores modulares pequeños en los Estados Unidos.
La vasija de presión no es un componente menor. Es una pieza estructural única, no redundante, no intercambiable, que concentra décadas de ingeniería propia desarrollada por la CNEA e IMPSA. El CAREM 25 es, en rigor, el primer reactor modular pequeño (SMR) diseñado íntegramente en el país. Un proyecto que acumula más de cuatro décadas de trabajo científico y que ubica a la Argentina en un club reducidísimo de naciones con capacidad nuclear autónoma de esta naturaleza.
En este mismo espacio contamos hace ya tiempo lo que una calificada fuente del sector metalúrgico de Mendoza nos había expresado: “No les interesan los fierros de IMPSA, les interesa lo que hay en los discos duros de las computadoras”. Tenía razón. Por “pocos dólares”, una empresa estadounidense de vínculo cercano a Donald Trump se quedaba con la información de décadas de desarrollo de científicos e ingenieros argentinos.
Que las piezas del CAREM desarrolladas por la CNEA e IMPSA hoy circulen como activos exportables en el mercado global no es, por sí solo, un hecho ilegítimo. Lo que genera alarma al interior del sistema científico nacional es el contexto en que esa circulación ocurre y las condiciones bajo las cuales se produjo el acuerdo.
Según las propias palabras del CEO de IMPSA, el acuerdo va bastante más allá de conseguir financiamiento, que se dice que fue lo que autorizó en primera instancia la CNEA. Salcedo anticipó que la empresa utilizará el conocimiento adquirido en la construcción del recipiente de presión del CAREM para ofrecer ese saber a empresas estadounidenses orientadas a un tipo distinto de reactor. En otras palabras: el know-how generado con fondos públicos durante décadas pasaría a operar como activo comercial de una empresa de capitales norteamericanos.
El físico Rodolfo Kempf, investigador de la CNEA y especialista en combustibles nucleares, describió la operación con precisión: "Se desarma el CAREM para que ARC Energy, la dueña de IMPSA, exporte estos recipientes a presión." La metáfora que utilizó otro científico del proyecto resulta aún más gráfica: como si se desmontara un satélite para vender sus componentes por separado, resignando el valor del conjunto en beneficio de partes que, individualmente, capitalizan otros.
El gobierno nacional celebró el acuerdo sin reservas. El presidente Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el gobernador mendocino Alfredo Cornejo (quien participó de la Argentina Week) lo presentaron como un éxito de inserción internacional. El nuevo secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, impulsa además una división de servicios para que organismos como la CNEA y la empresa estatal NA-SA presten ingeniería nuclear a empresas privadas estadounidenses. IMPSA aspira a integrarse a ese esquema.
Lo que el entusiasmo oficial no parece registrar es una distinción fundamental: no es lo mismo exportar tecnología desde una posición de fortaleza, con el Estado como actor central que negocia en condiciones, que transferir conocimiento estratégico desde una posición de repliegue, cuando el proyecto original está frenado, la empresa que lo materializó es de capitales extranjeros y el marco regulatorio de confidencialidad apenas alcanza para emitir advertencias sin consecuencias visibles.
En los países con mayor tradición de desarrollo nuclear (incluidos los Estados Unidos, a los que el gobierno argentino mira como modelo), la protección del avance tecnológico estratégico es una política de Estado que trasciende ideologías. No existe liberalismo tan ortodoxo que permita la transferencia irrestricta de capacidades nucleares propias a actores externos sin condicionamiento alguno.
La Argentina invirtió durante cuatro décadas en construir una curva de aprendizaje. Esa inversión produjo un activo real, cuya demanda internacional hoy lo confirma. La pregunta que el acuerdo CNEA-IMPSA deja abierta no es técnica ni comercial: es política. Quién captura el valor de lo que el Estado argentino construyó. Y en qué eslabón de la cadena global quedará el país una vez que las piezas terminen de circular.