El 24% de la población activa busca más trabajo en Argentina: crece la presión laboral y se profundiza el problema de empleo precario e insuficiente.
Más de cinco millones de argentinos buscan un segundo trabajo o necesitan más ingresos.
Imagen generada por IALa discusión sobre el mercado laboral argentino suele reducirse a un solo número: la tasa de desempleo. Sin embargo, ese indicador ofrece una fotografía parcial y, en cierta medida, engañosa. Los datos del cuarto trimestre de 2025 lo confirman con claridad: de los 21 millones de personas ocupadas en el país, más de 3,7 millones trabajan y, aun así, necesitan más trabajo.
El problema, en Argentina, no es solo la falta de empleo. Es la calidad del que existe. Así lo informa un reciente paper del IERAL de la Fundación Mediterránea que se conoció después de los datos de desempleo oficializados por el INDEC.
Con una tasa de desocupación del 7,5%, el país se ubica levemente por debajo del promedio de los últimos veinte años (8,3%), lo que podría interpretarse como una señal positiva. Pero el trabajo de los especialistas advierte que esa lectura se sostiene con dificultad cuando se incorpora una dimensión que los indicadores tradicionales suelen ignorar: cuántos de los que tienen empleo lo consideran insuficiente, ya sea por la cantidad de horas que trabajan o por los ingresos que obtienen.
Al sumar a los desocupados con los ocupados que buscan activamente ampliar su situación laboral, la presión real sobre el mercado de trabajo asciende al 24% de la Población Económicamente Activa, equivalente a más de 5 millones de personas. Se trata de una magnitud que transforma el diagnóstico: una tasa de desempleo baja no necesariamente refleja un mercado laboral saludable, sino también la expansión de empleos precarios, fragmentados e informales.
La Población Económicamente Activa alcanzó, al cierre de 2025, los 22,5 millones de personas, equivalentes al 48,6% de la población total. De los 21 millones de ocupados, el 82,1% no demanda otro empleo. Pero incluso dentro de ese grupo, la informalidad alcanza al 39%, lo que representa 6,7 millones de trabajadores sin acceso pleno a los derechos y protecciones del empleo registrado.
El 17,8% restante, los llamados ocupados demandantes, son trabajadores que, teniendo empleo, buscan uno adicional o aspiran a ampliar su jornada. Este segmento se divide en dos grupos: el 47,3% son subocupados, personas que trabajan pocas horas y desean trabajar más; el 52,7% restante son ocupados plenos que, pese a cumplir una jornada completa, buscan una segunda fuente de ingresos. Este último dato es especialmente significativo: el pluriempleo deja de ser una excepción y se consolida como una estrategia de supervivencia económica.
La composición del empleo formal también da señales de deterioro. En los últimos dos años, los trabajadores monotributistas crecieron un 7,3%, mientras que los asalariados privados registrados (el segmento más estable y protegido del mercado) cayeron un 2,1%. La formalidad avanza, pero hacia modalidades más frágiles, asegura el trabajo.
El fenómeno no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Provincias como Córdoba, con una presión laboral del 35,4% de la PEA, Tucumán, con el 34,2%, y Santa Cruz, con el 27,7%, presentan los índices más elevados. En todos estos casos, el factor determinante no es el desempleo en sí, sino la proporción de ocupados que buscan otro trabajo, lo que indica que el empleo disponible no logra cubrir las necesidades de ingresos de quienes ya lo tienen.
En el otro extremo, algunas provincias del norte muestran una presión laboral menor, aunque ese dato debe leerse con cautela. Una baja participación en el mercado puede reflejar no tanto una mejora en las condiciones de empleo, sino el desaliento de quienes dejaron de buscar trabajo ante la ausencia de oportunidades. En esos casos, la quietud estadística enmascara una situación aún más grave.
Por sector de actividad, las mayores tasas de búsqueda de empleo adicional corresponden al servicio doméstico (30,7%), hoteles y restaurantes (25,5%) y la construcción (23%). En el extremo opuesto, los sectores con menor presión son minería e hidrocarburos (6,4%), actividades financieras (8,3%) y servicios inmobiliarios (9,7%). La brecha entre sectores expresa, con nitidez, las profundas desigualdades en la calidad del empleo disponible.
La dimensión demográfica completa el cuadro. Entre los menores de 19 años, la necesidad de complementar ingresos alcanza al 23%; entre las mujeres, al 16,6%. Ambos grupos concentran, históricamente, las condiciones laborales más precarias y los salarios más bajos.
Lo que revelan los datos del cuarto trimestre de 2025 no es una novedad, sino la confirmación de un deterioro acumulado durante años. El mercado laboral argentino enfrenta un problema estructural: no se trata únicamente de generar empleo, sino de generar empleo capaz de sostener ingresos.
Esa distinción es central para cualquier política económica que aspire a mejorar las condiciones de vida de la población.
Según la Fundación Mediterránea, la reforma laboral puede contribuir a facilitar la creación de empleo formal y mejorar el funcionamiento del mercado. Pero por sí sola no alcanza. Revertir el deterioro acumulado exige también avanzar en reformas estructurales que impulsen la productividad y la competitividad, y consolidar un régimen monetario que garantice estabilidad macroeconómica. Sin esos pilares, la reducción del desempleo seguirá conviviendo con millones de personas que trabajan, pero para quienes el trabajo no resulta suficiente, concluye el informe.