La discusión por las retenciones entre el campo y la política es interminable. Un detalle de qué son y cómo afectan a los productores.
Uno de los temas recurrentes en la política y la economía argentina es la relación entre el campo y los diversos gobiernos, con eje, principalmente, en la ya casi eterna discusión de las retenciones y la liquidación de las exportaciones.
Pero, ¿cuál es la realidad de esa medida fiscal definida con una palabra que ya tomó vida propia? ¿A quién afecta realmente? ¿Quién la paga? ¿Cómo es el proceso de liquidación de las exportaciones agropecuarias? Preguntas que dan la sensación de que ni siquiera pueden contestar los funcionarios encargados del tema.
Pocos días atrás, los especialistas en temas agropecuarios Natalia Marín, Emilce Terré y Bruno Ferrari, todos de los departamentos técnicos y de investigación de la Bolsa de Comercio de Rosario, presentaron un interesantísimo trabajo que echa luz para los inexpertos y desconocedores de la materia.
En el complejo mundo de la exportación de granos en Argentina, existen múltiples aspectos que suelen generar confusiones, tanto para los productores, los funcionarios como para el público en general. Uno de los temas más recurrentes es el relacionado con el cobro de las ventas de granos y la liquidación de divisas. Aunque los precios de los granos suelen expresarse en dólares, el productor agropecuario siempre cobra en pesos, y el proceso de exportación implica una serie de regulaciones y plazos que impactan directamente en la economía del sector.
Es común ver que los precios futuros de los granos, como la soja, el maíz o el trigo, se publican en dólares. Sin embargo, cuando llega el momento de cobrar, el pago al productor siempre se realiza en moneda nacional. Esto ocurre porque, aunque los contratos de compraventa pueden estar expresados en dólares, la liquidación final se convierte a pesos al tipo de cambio oficial. Además, el pago no siempre coincide con el momento de la venta, ya que existen diferentes formas de comercialización, cada una con sus propios plazos y condiciones.
Este mecanismo tiene un impacto directo en la rentabilidad del productor, tanto en un contexto de alta inflación y devaluación del peso, como también en un escenario como el actual de inflación en pesos a la baja, pero con inflación en dólares y un tipo de cambio notablemente atrasado. El productor agropecuario no solo enfrenta la volatilidad de los precios internacionales de los granos, sino también la incertidumbre cambiaria y fiscal, lo que complica la planificación a largo plazo.
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Un tema clave en la exportación de granos es el pago de las retenciones, conocidas formalmente como derechos de exportación. Aunque el responsable directo de pagar este tributo es el exportador, en la práctica, el costo recae sobre el productor agropecuario. Esto ocurre porque los productos agroindustriales son commodities, es decir, bienes cuyo precio está determinado por el mercado global.
El exportador no puede trasladar el costo de las retenciones a los compradores internacionales, ya que perdería competitividad frente a otros países. Por lo tanto, el impacto del impuesto se traslada hacia la producción, lo que resulta en precios internos más bajos que los internacionales. En otras palabras, aunque las retenciones están diseñadas como un impuesto a la exportación, en la práctica funcionan como un tributo sobre la producción, afectando directamente al productor.
Un aspecto que suele generar confusión es la diferencia entre registrar una venta de granos al exterior y concretar la exportación. En Argentina, los exportadores están obligados a presentar una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) dentro de las 24 horas de concretada una venta internacional. Sin embargo, esto no significa que el grano sea exportado en ese momento.
Por ejemplo, un exportador puede cerrar hoy una venta de trigo con entrega prevista para diciembre de 2025, cuando se coseche la próxima campaña. En este caso, el grano ya está comprometido para la venta, pero aún no ha sido sembrado. La exportación, en términos técnicos, ocurre cuando el grano se embarca para su despacho al país de destino. Esto implica que el volumen de granos vendidos al exterior en una campaña puede ser igual o mayor a lo exportado, pero nunca al revés.
El proceso de liquidación de dólares resultante de la exportación de granos no es a libre elección de las partes, sino que está sujeto a la normativa establecida por el Gobierno Nacional. El exportador debe cambiar los dólares por pesos en el mercado de cambios para cumplir con sus obligaciones, como pagar al productor, abonar las retenciones y cubrir gastos operativos.
Actualmente, el plazo para liquidar las divisas obtenidas por la exportación de granos es de 30 días para productos como trigo, maíz, soja, cebada y sorgo. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece que, si las divisas no se liquidan en un plazo máximo de 5 días, se convierten automáticamente a pesos al tipo de cambio oficial. Esta regulación busca asegurar el ingreso de divisas al mercado local, pero también limita la flexibilidad de los exportadores.
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La comercialización de granos en Argentina es un proceso complejo y altamente regulado, que involucra múltiples actores y plazos. Aunque los contratos pueden expresarse en dólares, el productor agropecuario siempre cobra en pesos, lo que lo expone a los vaivenes del tipo de cambio y la inflación. Además, las retenciones, aunque formalmente son un impuesto a la exportación, terminan afectando directamente al productor, reduciendo su rentabilidad y desincentivando la inversión.
Por otro lado, la diferencia entre la venta al exterior y la exportación, así como los plazos para la liquidación de divisas, añaden capas de complejidad al sistema. Estos factores, sumados a la volatilidad de los precios internacionales y las políticas fiscales, configuran un escenario desafiante para el sector agropecuario argentino, que sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía nacional.
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