El campo, en alerta: Javier Milei restablece retenciones a cultivos clave y expone los altos costos que restan competitividad al agro argentino.
La publicación del decreto 439/2025, firmado por Javier Milei y el ministro Luis Caputo, tensó, aún más, la relación entre el Gobierno y el campo. A pesar de las expectativas del sector agropecuario, el Gobierno prorrogó la rebaja de las retenciones solo para el trigo y la cebada, dejando fuera a los principales cultivos de exportación: soja, maíz, girasol y sorgo, que volverán a tributar con las alícuotas previas a la reducción dispuesta en enero.
La publicación del decreto, que cumple con lo que venía anunciando el Ejecutivo, fue recibida con fuerte malestar por parte de las entidades rurales, que reclaman al Gobierno señales y soluciones a las necesidades que plantea uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.
La normativa establece que las retenciones para trigo y cebada se mantendrán en el 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026, pero supedita ese beneficio a que los exportadores liquiden al menos el 90% de las divisas en un plazo de treinta días hábiles desde la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). De no cumplirse este requisito, se aplicará la alícuota plena correspondiente a cada producto.
Para el resto de los cultivos –soja, maíz, girasol y sorgo–, al no estar incluidos en el anexo del decreto, se considera que volverán automáticamente a los niveles anteriores al 27 de enero: 33% en soja, 12% en maíz y sorgo, y 7% en girasol.
Desde las organizaciones rurales más representativas se multiplicaron las críticas. Coninagro Córdoba fue enfática: “Al Presidente, que invoca la libertad, se le pide que honre esa palabra para el sector más aportante al PBI”. A su vez, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) recordó que el propio Milei calificó las retenciones como “un robo”, y lamentó que esa definición no se haya traducido en una política efectiva.
El mensaje es claro: para un sector que aporta divisas, empleo y actividad a lo largo y ancho del país, mantener las retenciones parece ir a contramano del discurso gubernamental centrado en la libertad económica.
La discusión sobre las retenciones se inscribe en un debate más amplio: el de la competitividad estructural del agro argentino. En esta línea, un estudio del IERAL de la Fundación Mediterránea pone el foco en un aspecto poco abordado: los costos de producción. Para ello, relevó precios de trece bienes y servicios agropecuarios en cinco países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, divididos en seis grupos: fertilizantes, herbicidas, fungicidas, transporte de carga, combustible y maquinaria agrícola.
El relevamiento fue realizado en mayo y revela una tendencia clara: Argentina es más cara en la mayoría de los insumos agropecuarios, incluso tratándose de bienes transables a nivel internacional. En concreto:
En comparación con Brasil, Argentina resultó más costosa en el 85% de los productos analizados (11 de 13) en tanto frente a Paraguay, fue más cara en el 69% de los casos (9 productos) y en relación con Uruguay, en el 77% (10 productos). En tanto con respecto a Estados Unidos, en el 62% de los casos (8 productos).
Si bien las diferencias promedio en algunos rubros no parecen dramáticas –fertilizantes un 3,3% más caros, herbicidas un 7,8%, fungicidas un 1,4% y gasoil grado 2 un 11%–, hay sectores donde las brechas son más pronunciadas y preocupantes.
Uno de los rubros más afectados en la comparativa es el transporte de carga, clave en una cadena que depende fuertemente del camión para movilizar la producción desde los campos a los puertos. En este ítem, Argentina es un 23% más cara que el promedio regional, con una tarifa de 35,7 dólares por tonelada en un flete tipo de 400 km, apenas por debajo de Uruguay, pero muy por encima de Brasil, Paraguay o Estados Unidos.
La maquinaria agrícola, otro componente fundamental para la productividad, también muestra precios desfavorables. Los tractores en Argentina son un 27% más caros que en el resto de los países analizados, mientras que las cosechadoras presentan una brecha cercana al 10%. Estas diferencias se tornan relevantes cuando se considera el peso que tienen las inversiones en maquinaria en los costos totales de producción a largo plazo.
El estudio señala múltiples factores que explican estos sobrecostos, según la opinión del IERAL: restricciones cambiarias aún vigentes, impuestos acumulativos como Ingresos Brutos y tasas municipales, regulaciones laborales rígidas, costos logísticos internos elevados, y una escala operativa menor en muchas regiones productivas. Además, el clima de inestabilidad económica y financiera encarece el crédito, obstaculiza la inversión y afecta la eficiencia del sistema de precios.
Un aspecto central es el funcionamiento de la estructura impositiva: la imposibilidad de computar créditos fiscales por compras intermedias genera el fenómeno del “impuesto sobre impuesto”, donde cada eslabón de la cadena de valor traslada al siguiente una carga tributaria incrementada, provocando un encarecimiento final de los bienes.
El informe también destaca que aún cuando los precios de ciertos insumos pudieran ser similares entre países, eso no garantiza la misma eficiencia en el uso. Factores como la composición de los suelos, el clima, las tecnologías aplicadas y la regulación del uso de agroquímicos hacen que, por ejemplo, el mismo fertilizante sea más costoso de aplicar en Argentina, no por su precio unitario, sino por la cantidad requerida para obtener rendimientos similares.
A pesar de los costos, el principal obstáculo para la competitividad del agro argentino sigue siendo el precio que reciben los productores por sus productos. La presencia de derechos de exportación –que no existen en los países competidores– recorta directamente el ingreso neto del productor, dejándolo en una posición desventajosa para competir en el mercado internacional.
El resultado es una ecuación desequilibrada: costos en dólares altos e ingresos en dólares bajos. Un “doble castigo” que atenta contra la rentabilidad, desalienta inversiones y debilita las oportunidades de desarrollo de un sector que, históricamente, ha sido uno de los motores del crecimiento nacional, asegura el informe del IERAL
Superada la etapa de emergencia inflacionaria, el Gobierno enfrenta ahora el desafío de impulsar reformas estructurales en el plano microeconómico, que incluyan la revisión del sistema tributario, la desregulación de los mercados de insumos y trabajo, y una modernización de la infraestructura logística.
En este contexto, la eliminación de los derechos de exportación no es solo una bandera política o ideológica, sino una condición de base para reconstruir la competitividad del agro argentino. Según la fundación con sede en Córdoba sin ese paso, cualquier mejora en eficiencia seguirá siendo absorbida por un sistema que grava la producción y desalienta el esfuerzo.
