Defienden la nueva reforma laboral incluida en la ley ómnibus. La atracción de inversiones divide aguas: advierten competencia desleal y piden igualdad de condiciones.
Impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se debatirá la norma para eliminar leyes "obsoletas".
Con la sanción de la controvertida ley ómnibus -o "Bases"- se abre un nuevo escenario a futuro para Argentina como modelo de desarrollo económico. Sin dudas dos capítulos serán puntales en la economía que viene: la nueva Flexibilización o Reforma Laboral, y el también polémico RIGI (Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones), sobre el que los empresarios de Mendoza ya toman postura.
Lo cierto es que mayormente coincidencias, pero también disidencias, quedaron expuestas en distintos análisis posteriores al prolongado debate de más de un día en la Cámara de Diputados.
Entre los responsables de las cámaras empresarias consultadas por Sitio Andino las opiniones confluyeron sobre la necesidad de una reforma del régimen que regula el mercado del trabajo. Y recibieron con beneplácito la reforma.
En cambio, las aguas se abren frente al incentivo a las inversiones. Si bien predomina la visión a favor de una política a largo plazo en ese campo, encendieron una luz de alarma en cuanto a la situación competitiva de las empresas argentinas, sobre todo pymes.
Es tal vez el apartado de la ley Bases que más divide aguas. Los críticos han hecho foco en ese punto, tanto que auguran una nueva era de "extractivismo" (porque favorece en principio a las inversiones en minería, petróleo y gas) o "neocolonialismo". Esto es, capitales que con el nuevo contexto podrán producir sin necesidad de atarse al "compre local", tanto de insumos como de empleo, y, por el contrario, disponer de sus ganancias y el giro de divisas.
La figura del "trabajador independiente" y la posibilidad de que se contraten empleados a vía tercerización, como también la de acceder a una moratoria para el blanqueo y así terminar con la informalidad, son puntos en los que los empresarios se pronunciaron.
Al promediar el martes, su sanción había abierto grietas en algunas entidades empresarias. Así lo admitían desde el seno de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza), desde donde evitaron pronunciarse al respecto.
"Aplaudo de pie la reforma. Creo que las reformas son buenas, pero sobre todo, romper el dogma de que la ley laboral no se puede tocar", opinó Matías Díaz Telli, titular de la UIM (Unión Industrial de Mendoza).
Por su parte, desde el CEM (Consejo Empresario Mendocino) se expresaron mayoritariamente en favor de la reforma. Pero con matices.
Para su presidente, Eduardo Pulenta (h), indicó: "Todo lo que haga más fácil tomar empleo es mejor para el país, porque la mayoría de las personas están fuera de ámbito formal. Nos parece muy mal que no se haya sancionado en la legislación laboral, la penalización a los bloqueos sindicales".
Otro punto bien recibido en principio es la eliminación del Registro de Sanciones Laborales, calificado como "un incentivo a la industria del juicio".
Indudablemente, el RIGI (Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones) ha sido, y será, una de las figuras jurídicas que aprobó el Congreso más controversial. Tanto porque le permite al Gobierno abrir la puerta de entrada a grandes capitales extranjeros para invertir con un extendido e inédito horizonte de beneficios (30 años) como por hacerlo con escasas exigencias como contrapeso.
"El RIGI es muy generoso con los incentivos, pero no tiene ningún tipo de contraprestación. Solo invertir, sin condiciones. Por lo tanto, no implica transferencia de tecnología; no establece condiciones de desarrollo de la cadena de valor con lo que puede convertirse en un proyecto altamente demandante de divisas; y no establece condiciones de compra local que generen derrame sobre la estructura productiva", señalaron desde Asinmet, entidad presidida por Mariano Güizzo.
Asimismo, desde Asinmet advierten que "puede acentuarse, si se produce un proceso de concentración de mercado".
Por su parte, Díaz Telli, de la UIM, relativizó los efectos al señalar que "cualquier asimetría o inquietud en particular podría enmendarse quizá con la reglamentación de la ley".
En cambio, para el CEM hay pros y contras. De hecho, rechazaron que el plazo de 30 años sea excesivo. "Ojalá dure para siempre. Necesitamos políticas de largo plazo", enfatizó Pulenta.
A criterio del presidente del Consejo Empresario, "es muy bueno promocionar quitando impuestos y aranceles, y permitiendo gradualmente giro de dividendos hasta el 100% en el tercer año. Toda competencia es sana, pero hay que darle los mismos beneficios a compañías argentinas que provean a esos proyectos, así las ponen en igualdad de condiciones con las extranjeras".
Aún así, la mirada del Consejo Empresario defendió el propósito de "liberar a los inversores, porque protecciones como el compre local no le sirven a nadie".
Un punto en el que coincidió Güizzo, de Asinmet, que luego de resaltar la necesidad de que poner a inversores extranjeros y argentinos al mismo nivel, tomó una postura contundente en tal sentido. "Debería ser revisado y modificado, ya que podría generar un escenario de competencia desleal con la industria, afectando directamente al sector metalúrgico".