Los empresarios admiten que la continuidad de la construcción de barrios está en riesgo si no se ajustan los precios
Cristian LozanoLa disparada de los materiales de la construcción mantiene en alerta a las empresas por el desafasaje en los contratos. Por eso, dirigentes de cámaras del sector se reunieron con funcionarios del Gobierno de la provincia y proveedores, con un objetivo: ajustar la medición de los precios para no perderle pisada a la inflación.
En el encuentro, desde la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) confluyeron en el pedido concreto de darle más precisión al relevamiento de precios mensual que realizan técnicos de la DEIE. De eso depende el índice de precios de la construcción, valor clave para redeterminar las condiciones de contratación.
La preocupación pasa por evitar el desfasaje por la fuerte variación de costos en los valores, que viene sintiéndose sobre todo en la construcción privada desde las elecciones.
Para las empresas, en Mendoza se detectó una doble problemática: los proveedores no aportan la información en cantidad y calidad necesaria, lo que impacta en la toma de datos por parte de la Dirección de Estadísticas, con lo que el valor del índice queda distorsionado y "no refleja del todo la realidad", según Dalmiro Barbeito, presidente de Cecim.
Para Barbeito, "este sistema de medición no fue pensado para la inflación que tenemos hoy. Por eso es importante el compromiso de los proveedores, ellos tienen que entender que somos socios en esto. Y si no brindan precios reales las empresas no podemos ajustar los contratos convenientemente, y si hay un desfasaje fuerte en este contexto no van a ser pocas las que queden al borde del quebranto".
Para las constructoras, llevar al día los números en cuanto a costos es fundamental para la actualización de los contratos de obra. Al respecto, le asignan al índice de la construcción tanta importancia como el dólar (que con 53% de devaluación disparó los precios) y las estadísticas de Indec y Deie.
"Lo de la redeterminación de precios, en éste momento, es preocupante. Al punto que puede definir la continuidad o no de varias obras en Mendoza", añadió Santiago Laugero, de CAC y titular de la FEM (Federación Económica de Mendoza).
En ese tren, la medición de precios viene de un cambio para acomodarse al contexto económico, algo que en la reunión del viernes se puso de relieve. Durante 2023 la cantidad de productos o insumos que se relevaban pasaron de 360 a 150, de los cuales la Deie debe tomar al menos 5 precios por ítem.
Pero ante la disparada inflacionaria, la muestra empezó a tambalear. Según admiten los técnicos a cargo de tomar precios, en los hechos sólo 2 o 3 de esos 5 aportan sus listas reales. Es lo que se planteó a más de 50 dueños de corralones y proveedores de materiales para la construcción al pedirles "más compromiso".
Las constructoras y el Gobierno asumen un diferencial, a esta altura, abismal: es que mientras la ley de contratos de obra pública reconoce utilidades a los prestadores (las empresas) de 10%, en más o en menos, la inflación proyectada para diciembre-febrero no baja del 30% mensual, con lo que no son pocos los que temen terminar con márgenes negativos.
Según los números que se manejan en los contratos vigentes, implicarían diferencias de entre $100 millones y hasta unos $2000 millones, el verdadero riesgo advertido por las empresas.
Así, el quiebre se produce en los tiempos, que se hacen sentir en el equilibro económico-financiero. Es que mientras el Gobierno tiene hasta 60 días para saldar los certificados de obra, las constructoras argumentan que es difícil de absorber la diferencia con costos de materiales que varían diariamente y casi sin financiamiento, además de la obligación de pagar los salarios.
Por su parte, Martín Sanchís, tesorero de la CAC, consideró “clave reflejar el aumento que hemos tenido cada mes, más allá de que después algo pueda bajar o estabilizarse".
Sobre este punto, el director de la Deie, Facundo Biffi coincidió en que no dar un valor específico para algún material implica que todo el índice se atrase o no sea adecuado con la realidad.
Asimismo, el funcionario aclaró que la DEIE no es un organismo de fiscalización y que, por la existencia de la ley de secreto estadístico, no está autorizada a divulgar la información obtenida por parte de las empresas proveedoras. Sí, en base a los valores recogidos, elabora el índice para darlo a conocer a las empresas durante los primeros 15 días de cada mes.
“Eso sí, los datos aportados tienen la categoría de declaración jurada y es importante ser rigurosos para mantener la obra pública en movimiento”, se explayó Biffi.
Sin embargo, frente a la posibilidad de meses de inflaciones superiores al 20 por ciento, las empresas se ven en aprietos para poder cumplir con los compromisos asumidos.
“El 2024 va a ser un año complejo y el tema de los precios va a ser clave para la supervivencia de la obra pública y de las empresas”, subrayó Barbeito, al pedir participación para que "el sistema no colapse y el trabajo continúe en pie".