El RIGI destrabó la privatización del Belgrano Cargas. Mineras y cerealeras disputan la red, mientras Mendoza defiende su tren de cercanías provincial.
La posibilidad de aplicar al RIGI destraba el proceso de licitación del Belgrano Cargas
Después de meses de trámites cruzados entre oficinas públicas, la licitación para privatizar la operación del Ferrocarril Belgrano Cargas empezó a moverse. El proceso estaba frenado por la posibilidad de aplicar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a las obras de infraestructura ferroviaria.
Una vez definido que quienes obtengan la licitación podrán presentar las obras de infraestructura e inversión al RIGI, funcionarios de Economía esperan tener terminado el paquete completo (pliegos, garantías y condiciones) antes de fin de mes. Luego restarán la presentación de ofertas, la apertura de sobres y el análisis de las propuestas. Según fuentes al tanto del expediente, el cronograma llevaría la adjudicación a abril o mayo de 2027.
El esquema contempla tres licitaciones independientes, una por cada ramal operado por la empresa estatal: el Belgrano, el Urquiza, que corre hacia Misiones, y el San Martín, que llega hasta Mendoza y es fundamental para el tren de cercanías en el que avanza el Gobierno provincial. Cada licitación se subdivide, a su vez, en tres procesos: la concesión de la operación de las vías, los talleres ferroviarios y la venta del material rodante.
Los números explican por qué se trata de la red logística más disputada del país. El Belgrano suma 7.712 kilómetros, de los cuales solo la mitad está en funcionamiento. El San Martín opera menos de la mitad de sus 5.368 kilómetros. El Urquiza, el más castigado de los tres, apenas utiliza el 41% de su traza. En conjunto, los tres ramales reúnen casi 4.700 empleados y una flota de más de 11.600 vagones, aunque buena parte del material rodante, 40 locomotoras y 1.180 vagones, está prendada a un banco chino como garantía de obras financiadas años atrás.
El pliego prevé que quien gane la operación de una traza también pueda quedarse con parte del parque rodante, mediante el pago del valor fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. El resto saldrá a remate público. Lo recaudado alimentará un fideicomiso que se sumará a los 800 millones de dólares que los adjudicatarios deberán invertir durante los primeros años en obras clasificadas como urgentes.
Entre los interesados figuran consorcios agroindustriales, un grupo mexicano, cerealeras como Cargill, Cofco, Bunge y Viterra, y empresas papeleras atraídas por el potencial maderero del Urquiza. La novedad más resonante llegó desde un sector ajeno al transporte: Rincon Mining, filial local de Río Tinto, ya mantuvo dos reuniones formales con el Gobierno para manifestar su interés en la licitación.
La minera angloaustraliana opera proyectos de litio en Salta y Catamarca y tiene comprometida una inversión de 2.724 millones de dólares para acceder al RIGI. Esa suma también funcionaría como llave de entrada a una posición preferencial en las futuras concesiones ferroviarias. En su directorio conviven fondos como BlackRock, Vanguard y State Street con la estatal china Aluminum Corporation of China, mientras que Tesla mantiene un acuerdo de exclusividad con la compañía para asegurarse el suministro de litio. Las reuniones entre el secretario de Minería, Enrique Lucero, y directivos de Rincon Mining, entre ellos la representante estadounidense Paula Uribe, dibujan un tablero en el que Washington ubica al litio argentino como pieza central de su estrategia energética, en abierta competencia con Pekín.
El esquema elegido por el Gobierno mantiene la propiedad estatal de las vías, pero traslada su explotación a operadores privados mediante un régimen de acceso abierto: cualquier empresa podrá circular a cambio del pago de un peaje.
En medio de esa discusión nacional, Mendoza logró cerrar un acuerdo propio para reactivar el Tren de Cercanías del Este, que busca reconectar la Capital con el este provincial utilizando la misma traza del Belgrano Cargas. La obra, estimada en 100 millones de dólares, quedará bajo conducción provincial y no pagará canon por el uso de las vías. Persiste, no obstante, la incógnita sobre qué lugar ocupará el tramo mendocino en el mapa de intereses de los futuros concesionarios.
El proceso no está exento de cuestionamientos. Una investigación de Ámbito Financiero sobre las tasaciones de seis activos estatales, entre ellos el propio Belgrano Cargas, derivó en un pedido de informes del diputado mendocino Martín Aveiro. El legislador exige explicaciones sobre por qué el Tribunal de Tasaciones de la Nación quedó al margen de esas valuaciones y qué papel desempeñó en su lugar el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Con quince preguntas dirigidas al Poder Ejecutivo, el planteo no discute la conveniencia de privatizar, sino algo más elemental: si el Estado respetó sus propios procedimientos antes de poner precio a lo que construyó con fondos públicos.
