La propuesta de la CAME tiene como objetivo "preservar al entramado pyme federal y promover su desarrollo". De qué se trata.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) envió una propuesta al ministro de Economía, Luis Caputo, para que instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a reducir las multas previstas en la Ley de Inocencia Fiscal.
Mediante una carta, las autoridades de la CAME le enviaron a Caputo un pedido de solicitud formal para realizar una reducción porcentual de las multas previstas en la recientemente aprobada Ley de Inocencia Fiscal.
La entidad le pidió al Ministro que instruya a ARCA a “dictar normas complementarias que morigeren la incidencia de las multas” previstas en el proyecto de Inocencia Fiscal, a través de una “reducción porcentual de los importes”. Caputo tiene el poder de instruir al organismo presidido por Andrés Vásquez, debido a la facultades que le confiere la Ley de Ministerios.
El objetivo, según detalla la propuesta, tiene el fin de “preservar al entramado pyme federal y promover su desarrollo”. Este es el segundo pedido que realizan desde la organización. El primero se lo enviaron el pasado 26 de diciembre, donde se refirieron al monto de las multas y su incidencia en la pequeña y mediana empresa.
La entidad que preside Ricardo Diab detalló un esquema en donde divide a los contribuyentes con sus respectivas disminuciones en las multas. De esta manera, el diseño quedaría de la siguiente manera:
El pedido de CAME se centra en los montos que se le cobraría al contribuyente en caso de no cumplir con lo dispuesto en la ley. En particular, esos montos aumentaron hasta 1.100 veces respecto a los valores anteriores. Para las personas humanas, las multas escalan hasta los $5 millones aproximadamente, mientras que para las jurídicas es equivalente o superior a los $10 millones.
La Ley de Inocencia Fiscal introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”. Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
El proyecto de Inocencia Fiscal aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000. En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los $1.000 millones (ya no más 15 millones).