El objetivo de la Dirección General de Escuelas es garantizar estándares pedagógicos en espacios que hoy funcionan bajo habilitación comercial.
Por qué la DGE busca regular por ley los jardines maternales privados de Mendoza.
La Dirección General de Escuelas (DGE) ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que busca regularizar, supervisar y jerarquizar los jardines maternales privados de la provincia de Mendoza. Lo que históricamente funcionó bajo la figura de "comercio" o "guardería", regulado únicamente por las habilitaciones municipales, pretende transformarse en una pieza del sistema educativo formal.
La iniciativa, impulsada por la gestión de Tadeo García Zalazar, surge de un pedido concreto de la Asociación de Jardines Maternales Privados, quienes buscaban un marco legal que no solo los regulara, sino que los hiciera sustentables y los integrara a la órbita escolar.
En la actualidad, no existe un registro único y fehaciente de cuántos jardines maternales privados operan en la provincia. Al no estar bajo la supervisión de la DGE, estas instituciones dependen de los controles administrativos y comerciales de cada municipio.
"Hoy están abiertos como comercio, manejados bajo las reglamentaciones de un municipio, y no hay un registro ni siquiera en la Asociación de Jardines", explicó a Sitio Andino, Natalia San Juan, directora de Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI).
El proyecto busca que pasen a llamarse formalmente "Jardines Maternales de Gestión Privada", eliminando la ambigüedad con otras actividades de cuidado infantil.
El cambio más significativo será la incorporación de estos jardines al sistema GEI (Gestión Educativa Integral). Esto permitirá la "nominalización" de los alumnos; es decir, que cada niño de entre 45 días y 3 años esté registrado en la base de datos oficial de la provincia.
Proyecto Educativo Institucional (PEI): ya no bastará con ser un espacio de "contención" o recreo. Los jardines deberán presentar un plan pedagógico claro.
Supervisión técnica: se creará un cuerpo de supervisores dependientes de la DGE para acompañar y controlar la calidad educativa.
Acceso a programas oficiales: las instituciones privadas podrán acceder a herramientas estatales como el programa de "Nutrición del Lenguaje" y capacitaciones avaladas por UNICEF.
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la exigencia sobre el personal. La ley propone un equilibrio para no desfinanciar a los jardines que se sustentan exclusivamente con la cuota de los padres.
"La directora del jardín deberá tener título de docente de nivel inicial", aclaró San Juan. Sin embargo, para quienes están frente al aula y no poseen título profesional, se permitirá el desempeño siempre que acrediten cursos de capacitación avalados por UNICEF. "Estamos profesionalizando los espacios y garantizando un entorno seguro y educativo", añadió la funcionaria.
Esta medida no es aislada. Forma parte del plan estratégico para universalizar la sala de 3 años en Mendoza. Al integrar a los privados al sistema, el Gobierno escolar busca expandir la oferta educativa y asegurar que la transición de los niños hacia el nivel inicial obligatorio sea más fluida y con una base pedagógica sólida.
Se espera que el debate legislativo formal comience entre febrero y marzo de 2026. De aprobarse, Mendoza daría un paso histórico en el reconocimiento de la primera infancia como la inversión social más estratégica para el desarrollo humano de la provincia.