El proyecto de ley impide a personas afiliadas o pertenecientes a partidos políticos en los diez años anteriores al pretendido nombramiento puedan ocupar cargos de alto rango.
La diputada nacional por Mendoza María Mercedes Llano (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley que apunta a prohibir que personas afiliadas o pertenecientes a partidos políticos en los diez años anteriores al pretendido nombramiento puedan ocupar cargos de alto rango en la Justicia y en organismos de control.
Bajo el título “abstinencia política”, la iniciativa plantea la prohibición de ocupar puestos en las magistraturas del Poder Judicial de la Nación, incluida la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
Según el proyecto, tampoco sería compatible pertenecer a un partido político y al mismo tiempo ocupar magistraturas en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la Auditoría General de la Nación, en la Sindicatura General de la Nación y en la Oficina Anticorrupción.
Un afiliado a un partido tampoco podrá ser nombrado como autoridad superior de los entes reguladores y de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional y de los servicios públicos concesionados; ni autoridades superiores de los organismos administrativos que ejerzan funciones jurisdiccionales.
La iniciativa plantea que los cargos "no podrán ser ocupados por personas que dentro de los 10 años anteriores al pretendido nombramiento hubieran sido afiliados a partidos políticos; precandidatos; candidatos; ocupado efectivamente puestos electivos, de confianza política o de carrera, ya sean temporarios o permanentes; y/o contratados; en cualquiera de los tres poderes del Estado Nacional" y "siempre que no hayan sido obtenidos por concurso público de oposición y antecedentes".
Según el texto, las restricciones estarán exceptuadas "a aquellos individuos que puedan demostrar su idoneidad en la materia a través de certificaciones, credenciales académicas y/o experiencia profesional relevante, emitidas por instituciones reconocidas y válidas en el ámbito correspondiente".
La determinación de la “idoneidad”, de acuerdo al proyecto de ley, estará a cargo de un Comité Evaluador ad honorem integrado por expertos en la materia.
El proyecto de Llano lleva también las firmas de sus pares libertarios Lilia Lemoine, Lorena Villaverde, Alida Ferreyra, María Emilia Orozco, Carlos García y Julio Moreno Ovalle, además de la aliada Paula Omodeo (CREO).
En los fundamentos de la iniciativa, la diputada mendocina afiliada al Partido Demócrata define a la "carencia política" como "la situación de exclusión que afectará a individuos con vínculos recientes a partidos políticos, candidaturas o desempeños en cargos públicos durante los últimos diez años, impidiendo su acceso a determinados puestos en el Estado Nacional, comprendido en sentido amplio".
"Este concepto implica una restricción que busca garantizar que quienes ocupen estas posiciones lo hagan sin influencias partidarias o compromisos políticos, promoviendo así un ejercicio más imparcial e íntegro del poder público. Se busca despolitizar las instituciones de nuestro sistema de gobierno", explicó.
Según señaló, la propuesta "surge de la necesidad urgente de robustecer nuestras instituciones y recuperar la confianza ciudadana en la gestión pública, principalmente en el Poder Judicial de la Nación y en los órganos de control".
"La regulación del requisito de idoneidad es esencial para prevenir la politización de los organismos de control, entre otros, y asegurar que los designados mantengan un compromiso auténtico con el bien común, alejándose de intereses políticos personales", agregó.
video