La jueza estadounidense rechazó el pedido de Argentina de suspender la transferencia de acciones de la empresa a Burford.
La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a fallar en contra de la Argentina por la causa de expropiación de YPF al rechazar el pedido de suspender la transferencia de acciones de la empresa a Burford.
La estadounidense decidió este lunes que no aceptar suspender los efectos de su decisión de ordenar la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.
De esta manera, Preska no hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno Nacional ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según informó Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en la ciudad neoyorquina. En la presentación, la Argentina adelantó que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber una nueva resolución desfavorable.
El Ejecutivo había argumentado en su defensa que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional. Y, además, que pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump. La presentación también adviertió sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
A este pedido, la jueza de New York debía fallar este lunes. En su escrito, sostuvo que la Argentina no cumplió con las condiciones previas que le habían permitido acceder a una suspensión sin garantía del fallo de septiembre de 2023, y acusó al país de intentar “eludir sus obligaciones” mediante tácticas dilatorias.
El texto judicial recuerda que, incluso tras obtener una prórroga para acomodar la transición de gobierno en el país, la administración argentina “aprovechó al máximo el tiempo extra”, pero “no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas”.
Argentina, que se adelantó y ya apeló a la Cámara, podría entrar en desacato, si así lo piden los demandantes, con la corte de Preska, la que entiende en causas vinculadas a empresas que cotizan en Wall Street, donde la empresa cotiza desde hace más de 30 años.
El 15 de septiembre de 2023, Loretta Preska dictó una sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo del juicio fijó una compensación de 16.000 millones de dólares, cifra que con intereses acumulados asciende actualmente a 17.750 millones.
La resolución judicial favoreció a los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes habían adquirido los derechos de litigio pertenecientes al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietaria del 25% de las acciones de la petrolera al momento de la estatización.
El eje del reclamo radicó en que, al nacionalizar la participación de Repsol, el gobierno argentino de ese momento,durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, no ofreció el mismo trato a los demás accionistas, tal como establece el estatuto de la compañía. Repsol fue compensada mediante bonos, pero no se realizó una oferta similar para los accionistas privados.
Desde la sentencia emitida en 2023, el Estado argentino presentó una apelación. Sin embargo, la falta de pago o de propuestas de acuerdo derivó en un aumento de la presión por parte de los demandantes. Entre las acciones impulsadas por los fondos, prosperó el pedido de entrega de acciones de YPF actualmente en poder del Estado. Esta solicitud fue avalada por la jueza Preska, lo que abrió la puerta a que otros acreedores presenten reclamos similares.
Fuente: Infobae.
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