En el nuevo esquema del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vitivinicultura será transformado en una dirección bajo la órbita de Comercio.
Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado, explicó a Noticiero Andino; explicó cómo será el cambio del INV.
Foto: Prensa Casa RosadaEn el marco del plan de transformación del Estado que impulsa el presidente Javier Milei; el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), un organismo clave para la industria mendocina, dejará de ser autónomo y pasará a funcionar como una dirección bajo la órbita de la Secretaría de Comercio. Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado, en diálogo con Noticiero Andino; explicó cómo será el cambio.
La decisión, enmarcada en un rediseño general del aparato estatal, no implica la disolución del INV, pero sí una reforma profunda de sus funciones. Según explicó Fariña, el nuevo esquema eliminará los controles burocráticos que actualmente pesan sobre los productores desde el inicio de la cadena y se concentrará únicamente en el control de salubridad al final del proceso productivo.
“El INV no se disuelve. Lo que estamos haciendo es transformarlo. Va a dejar de ser una traba para convertirse en un organismo que brinde servicios reales. La idea es liberar al viñedo y al productor de días y semanas de trámites que no llevaban a nada”, detalló Fariña.
El funcionario sostuvo que, comparado con otros países productores de vino, el sistema argentino presenta una carga burocrática “irrisoria” y poco eficiente. “Había muchos formularios que después no se usaban para nada. Proponemos quitarle ese peso del Estado al productor y permitirle enfocarse en conseguir nuevos clientes y mercados”, agregó.
Además, aseguró que se mantendrán los servicios que el INV presta a pequeños productores, especialmente en lo referido a la certificación para exportaciones, pero con una estructura más liviana y eficiente.
Fariña señaló que esta transformación forma parte de un plan más amplio de reducción y reorganización del Estado. “En los años 90 había unos 50 organismos públicos, y pasamos a tener 110. En 2003 había 33.000 empleados públicos, ahora son 88.000. Y pasamos de 1.000 a 5.000 funcionarios políticos. Todo esto debe ser revisado”, apuntó.
Según su análisis, la lógica de los gobiernos anteriores fue "la creación de organismos como método de distribución política y territorial". Mencionó como ejemplo el caso del Instituto de Agricultura Familiar, que llegó a tener 1.000 empleados, 100 sedes y un presupuesto de 10.000 millones de pesos, de los cuales el 85% se destinaba a sueldos.
Otro organismo nacional que será transformado es la Dirección Nacional de Vialidad. Según adelantó Fariña, se implementará un nuevo esquema de gestión que pondrá en manos del sector privado gran parte de las tareas de mantenimiento.
“ La responsabilidad de que hoy haya rutas destruidas es de que exista Vialidad. El dinero estaba, pero se lo llevaba la política. De 5.000 empleados, más de 1.300 tenían protección sindical, y más de 1.500 eran funcionarios, directores, políticos o gerentes”, afirmó.
El plan contempla la concesión de 10.000 kilómetros de rutas hasta fin de año para realizar el mantenimiento, mientras que los 30.000 kilómetros restantes serán mantenidos mediante contratos con empresas privadas. Esto, según el Gobierno, permitirá reducir los costos en hasta 100 millones de dólares anuales.
“Si las rutas las hacía Vialidad, costaban el triple. Queremos que los fondos vayan a donde hacen falta ”, aseguró Fariña.