El Gobierno avanza en la reforma del INV, que pierde autonomía y cambia su estructura en el marco de un ajuste estatal y desregulación productiva.
Desde esta tarde circula en diversos ámbitos lo que sería el borrador del decreto que firmarían el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que cambia la estructura del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que dejará de funcionar como organismo descentralizado y pasará a ser una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
El cambio, que forma parte de un extenso decreto que se conocería en el último día de facultades especiales del Presidente y que sería publicado en el Boletín Oficial el próximo jueves, busca racionalizar estructuras estatales y reducir costos, en línea con la política de ajuste promovida por la gestión actual.
La medida redefine la situación institucional del INV y también algunas de sus funciones y alcance operativo y su vínculo con el sector vitivinícola, uno de los más relevantes de las economías regionales del país. En los hechos, implica el fin de su autonomía funcional y abre la puerta a una transformación profunda en la lógica de regulación y control de la actividad.
El decreto que ordena la transformación del INV sostiene que, tras la desregulación del sector en 1991 —cuando se eliminó su rol en la intervención de mercados—, el Instituto quedó reducido a tareas de verificación de la genuinidad de los productos vitivinícolas, sin capacidad de promoción ni regulación. Esta situación, según el Gobierno, volvió obsoleta buena parte de su estructura normativa y operativa, justificando así una reestructuración integral.
La iniciativa contempla una serie de modificaciones sustanciales como la de delegar funciones de fiscalización y certificación en entidades públicas o privadas, en un movimiento hacia la descentralización funcional con fuerte impronta privatista.
Además, se establece que los controles de origen, añada y varietal -que históricamente garantizaban trazabilidad y calidad- pasarán a ser optativos, en respuesta a reclamos de mayor flexibilidad por parte de un sector del mundo bodeguero. El foco se traslada así al control documental posterior, especialmente sobre el tramo final de la cadena productiva.
El rediseño del INV es parte de un proceso más amplio que afecta a diversos organismos vinculados a la política agroindustrial. El mismo decreto prevé la transformación del INTA en ente desconcentrado, la disolución del Instituto Nacional de Semillas y del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y la eliminación de la Agencia Regulatoria del Cannabis Medicinal, entre otros entes. En todos los casos, la lógica es la misma: centralizar funciones, eliminar autarquía, reducir dotaciones y liberar activos públicos considerados prescindibles.
Incluso se prevé la venta de campos, edificios e inmuebles que estén bajo administración de estos organismos. Para ello, el decreto faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a disponer de tierras fiscales y equipamiento, lo que podría significar el desprendimiento de activos clave para el funcionamiento territorial de estas instituciones.
La reestructuración no estuvo exenta de tensiones internas dentro del propio Gobierno. Según trascendió en los días previos a la firma del decreto, Sturzenegger debió enfrentar la resistencia del Ministerio de Economía, en particular del secretario de Planeamiento, Juan Pazo, quien defendía una visión más pragmática y menos rupturista en relación con los entes técnicos vinculados al aparato productivo.
Sin embargo, el respaldo político obtenido a partir de la Ley de Bases —que otorgó al Ejecutivo amplias facultades para reorganizar la administración pública— permitió avanzar con el decreto, amparado en los principios de eficiencia, austeridad y control del gasto.
Según cifras oficiales, entre 2010 y 2024, los organismos descentralizados del Estado pasaron de tener 35.481 agentes a 88.095, lo que para el Gobierno evidencia la necesidad de un ajuste estructural y la eliminación de estructuras "superpuestas y costosas".
La magnitud de la reforma no pasa desapercibida en el sector vitivinícola. Si bien algunos actores valoran el intento de desburocratizar trámites y agilizar certificaciones, otros advierten sobre el riesgo de perder herramientas de control de calidad y de profundizar las desigualdades entre grandes bodegas y pequeños productores.
La posibilidad de presentaciones judiciales para frenar la implementación del decreto ya fue anticipada por algunos sectores, mientras que gremios estatales y organizaciones de productores denuncian un proceso de vaciamiento institucional que debilita capacidades técnicas construidas durante décadas.
La pérdida de autonomía del INV representa una ruptura con el modelo de política sectorial que acompañó al desarrollo de la vitivinicultura argentina.