Con 19 votos afirmativos, nueve negativos y siete abstenciones, la Cámara de Senadores de Mendoza ratificó este martes el decreto que formaliza el convenio con Vialidad Nacional por el mantenimiento de rutas federales. Como ya contaba con la aprobación de Diputados, solo resta la promulgación por parte del Ejecutivo.
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Con críticas del peronismo, el Senado avaló el convenio con Vialidad por las rutas nacionales
El acuerdo permite que Mendoza asuma el mantenimiento de rutas federales en su territorio. La oposición volvió a marcar reparos, pero el oficialismo deja abierta la vía judicial.
El acuerdo autoriza a la Provincia a ejecutar obras, conservar y mantener los tramos mendocinos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, pese a que esas competencias son del Estado nacional. La decisión fue impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo, quien defendió el plan como una medida “urgente y necesaria” frente al abandono de la Nación.
A favor y en contra del convenio por las rutas nacionales
Durante el debate, el senador radical Walther Marcolini detalló los alcances del convenio: 28,9 kilómetros de la RN 7 entre Palmira y Costanera, más de 74 kilómetros de la RN 40 en el Gran Mendoza, y 109 kilómetros de la RN 143 entre Pareditas y San Rafael.
El legislador sostuvo que la Provincia no puede esperar más por respuestas nacionales, y que el deterioro de las rutas compromete la seguridad vial y el desarrollo económico. “Estamos dando una solución estructural sin quedarnos de brazos cruzados”, justificó.
Pero la oposición planteó reparos. Desde el Partido Verde, Dugar Chappel criticó el uso de fondos provinciales para obras federales. El PRO se abstuvo por “falta de claridad” sobre los mecanismos de financiamiento. Y el peronismo advirtió que la medida convalida el desentendimiento del Gobierno nacional.
La carta que se guarda el oficialismo
Uno de los puntos más sensibles del convenio es que no establece derecho a reembolso por parte de Vialidad Nacional. Es decir, la Provincia asume los gastos sin que haya una devolución prevista.
Sin embargo, según admitieron fuentes del oficialismo a este medio, la estrategia incluye una reserva legal para realizar un eventual reclamo ante el Ejecutivo nacional. El convenio firmado aclara que el financiamiento será sin reembolso por parte de Vialidad, pero no excluye otras vías judiciales.
Ese punto fue destacado días atrás por el propio Cornejo, quien también cuestionó a sectores del PJ que se oponen al acuerdo pese al mal estado de rutas clave, como la 143. “Si nos quedamos llorando, vamos a seguir con rutas malas”, afirmó.
La trastienda política de un convenio polémico
La aprobación legislativa se dio en medio de una tensión creciente entre provincias y Nación por el recorte de fondos y la paralización de obras públicas. Mendoza no es la única jurisdicción que avanzó con convenios de este tipo: varios gobernadores optaron por asumir obras con recursos propios, ante la falta de respuestas del Gobierno nacional.
La senadora Natacha Eisenchlas, quien cerró el debate por el oficialismo, sostuvo que la decisión apunta a proteger vidas, garantizar la conectividad y evitar que Mendoza siga postergada. Recordó además que casi el 30% de los accidentes viales fatales en la provincia ocurren en rutas nacionales.
El convenio también contempla que, una vez finalizadas las obras, la Provincia podrá implementar un sistema de peaje como forma de financiamiento futuro, aunque este esquema aún no está definido. En paralelo, Mendoza deberá hacerse cargo de los estudios de impacto ambiental y del cumplimiento de las normativas técnicas de Vialidad Nacional.
La vigencia del acuerdo es de 36 meses, con posibilidad de prórroga. Mientras tanto, el oficialismo ya dejó en claro que no descarta acudir a la Justicia si el Estado nacional no reembolsa los fondos invertidos.