Luego de que se anunciara el cierre del basural de Puente de Hierro, el Gobierno presentó un proyecto de ley para transformar la gestión de residuos en toda la provincia. Qué implica esto.
Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, presentó el proyecto en la Legislatura.
Foto: Yemel FilEste viernes la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, llevó a la Legislatura el proyecto de Ley impulsado por el Poder Ejecutivo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), con lo que se busca "actualizar, modernizar y ordenar el sistema de residuos urbanos con políticas de sostenibilidad, salud pública, inclusión social y equidad territorial", explicó. En qué consiste.
Esta iniciativa había sido adelantada días atrás, cuando junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, anunciaron el cierre del basural a cielo abierto de Puente de Hierro.
Latorre explicó que la norma es el resultado de un año de trabajo territorial con los 18 departamentos de la provincia. "Es un plan integral, que sea cumplible con una visión sistémica de la provincia y de la interacción que hay entre los municipios", destacó la ministra.
El proyecto propone la creación de un Sistema Provincial de Residuos y promueve la educación ambiental para todos los ciudadanos y la participación comunitaria, tanto en campañas permanentes como en el diseño de políticas locales.
En concreto, el proyecto promueve el cierre de basurales a cielo abierto que hoy funcionan en la marginalidad, como Campo Cacheuta; "el fortalecimiento de la economía circular, la separación en origen, la educación ambiental y la trazabilidad de todo el proceso, desde la generación, transporte y disposición final".
El proyecto plantea la regionalización de la gestión de residuos, dividiendo la provincia en cuatro zonas: Metropolitana, Este, Centro y Sur. Se establecen las figuras de Agentes de Gestión, que permitirá a los municipios organizarse en regiones funcionales para optimizar recursos y coordinar acciones.
Cada municipio deberá elaborar su Plan Municipal de Residuos (PMGIRSU), alineado con el Plan Provincial, incluyendo diagnósticos técnicos, propuestas de remediación de basurales, inclusión social, educación ambiental, infraestructura proyectada, matriz de costos y metas progresivas.
El proyecto establece al Ministerio de Energía y Ambiente como Autoridad de Aplicación, con amplias competencias que incluyen:
• Diseño e implementación de políticas GIRSU provinciales.
• Asistencia técnica y legal a los municipios.
• Coordinación de planes municipales y consorcios.
• Elaboración de lineamientos de base mínimos e instrumentos digitales.
• Control de impactos ambientales y fiscalización de infraestructuras.
• Generación de informes anuales, monitoreos y trazabilidad.
• Promoción de programas de inclusión y campañas educativas.
Además, establece la creación de un Sistema de Información Ambiental Público, con trazabilidad digital y auditoría del cumplimiento de metas.
“La Provincia tiene competencia para fiscalizar y la obligación de intervenir activamente”, remarcó Latorre. “Por eso, el plan incorpora una dimensión educativa, una colaborativa con los municipios y una coercitiva: si se dan las herramientas para hacer bien las cosas, también tiene que haber sanciones cuando no se cumplen”, explicó.
Cabe aclarar que los privados deberán agiornarse a este nuevo plan.
El proyecto contempla un trabajo social para abordar a las personas que viven de los basurales, a través de las áreas de Educación y Desarrollo Social de los municipios. "Hay generaciones de recuperadores urbanos de residuos que toman esto como un ingreso económico y una salida laboral. Se trata de dignificarlos e incorporarlos a un sistema laboral formal, capacitarlos, es una reconversión para algo más digno y más seguro", destacó la ministra.
Así, los municipios deberán incorporar planes de inclusión social y desarrollar centros de economía circular que generen empleo local, innovación tecnológica y revalorización de materiales.
La ley habilita también a actores privados a conformar centros tecnificados en articulación con el Estado, favoreciendo la inversión sustentable.
Para la implementación del sistema, se creará el Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Mendoza, financiado con:
• Asignaciones presupuestarias provinciales.
• Tasas específicas GIRSU y multas ambientales.
• Recursos provenientes de acciones judiciales por pasivos ambientales.
Este fondo financiará obras de infraestructura, equipamiento, asistencia a municipios y programas de fortalecimiento del sistema. Además, se autoriza al Ejecutivo a gestionar líneas de financiamiento nacional e internacional.
La ley establece un sistema de fiscalización a cargo de la Provincia y los Municipios, habilitando inspecciones, auditorías, denuncias ciudadanas y acciones legales. Los infractores podrán ser sancionados con apercibimientos, multas, suspensiones y clausuras y confiscación de vehículos y maquinarias.
También. se prevé la conmutación de sanciones por resarcimientos productivos, como capacitaciones, mejoras de infraestructura y proyectos de educación ambiental.
