En comisiones, La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría, mientras la oposición avanzó con dos alternativas que incluyen refinanciación, límites a las tasas y quita de punitorios.
En Diputados se tratarán tres dictámenes para abordar la problemática del sobreendeudamiento familiar.
Imagen generada con IALa Cámara de Diputados de la Nación avanzó este martes con el tratamiento de los proyectos para enfrentar el endeudamiento y la morosidad de las familias y cerró la discusión en comisiones con tres dictámenes diferentes. La Libertad Avanza, junto al PRO y sectores de la UCR, consiguió el despacho de mayoría, mientras que Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica firmaron un dictamen de minoría y Argentina Federal presentó una tercera alternativa.
El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, en cumplimiento del emplazamiento aprobado por la Cámara baja para avanzar con los proyectos sobre sobreendeudamiento familiar.
En total, el oficialismo y sus aliados reunieron 32 firmas, mientras que el dictamen impulsado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica consiguió 27. A su vez, Argentina Federal presentó un despacho propio con dos firmas.
La definición de las comisiones no implica todavía que el proyecto vaya a convertirse en ley. En una eventual sesión, el dictamen de mayoría será el primero en ser puesto a consideración y, si no consigue los votos necesarios, se avanzará con los despachos de minoría.
El proyecto impulsado por La Libertad Avanza, con el acompañamiento del PRO y la UCR (bloque presidido por la mendocina Pamela Verasay), pone el foco en la prevención del sobreendeudamiento y en mejorar la información que reciben los usuarios antes de tomar un crédito.
La iniciativa establece un marco de transparencia para las operaciones de crédito al consumo y obliga a las entidades financieras y a los proveedores no financieros a brindar información clara, suficiente y accesible sobre las condiciones económicas y jurídicas de los préstamos.
Uno de los puntos centrales es el Costo Financiero Total (CFT), para que los consumidores puedan identificar con mayor claridad cuánto terminarán pagando por un crédito, incluyendo intereses, comisiones, seguros y otros cargos.
El dictamen también incorpora herramientas de educación financiera, consentimiento digital informado, mecanismos de validación para prevenir fraudes, derecho de revocación y portabilidad del crédito.
La propuesta oficialista no contempla, en cambio, un régimen extraordinario para reestructurar las deudas que ya se encuentran en mora ni establece topes generales para las tasas de interés.
La postura de La Libertad Avanza es que una intervención de ese tipo podría afectar el funcionamiento del mercado crediticio. Durante el debate, la diputada Silvana Giudici cuestionó las alternativas opositoras y planteó que los topes de tasas y las condonaciones podrían terminar restringiendo el acceso al crédito.
El dictamen firmado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica plantea una solución diferente: declarar una emergencia por sobreendeudamiento de las personas humanas durante 180 días, con posibilidad de prórroga, y crear un régimen especial de regularización y alivio financiero.
La propuesta apunta específicamente a quienes ya tienen dificultades para afrontar sus compromisos. Entre sus principales medidas contempla la eliminación del 100% de los intereses punitorios, planes de refinanciación y límites al peso de las cuotas sobre los ingresos de los deudores.
El régimen alcanzaría a personas con una mora de al menos 60 días y establecería condiciones vinculadas con los ingresos familiares y el monto total de las obligaciones. En el proyecto unificado se fijó como referencia que las deudas no superen el equivalente a dos Canastas Básicas Totales del Hogar 2 del INDEC.
También propone que las cuotas de las obligaciones regularizadas no superen el 30% de los ingresos de la persona deudora, con la posibilidad de extender los plazos cuando sea necesario para adecuar el pago a su capacidad real.
El proyecto incorpora además límites a intereses, cargos y condiciones de financiación, suspensión de determinadas acciones de cobranza y herramientas de portabilidad financiera.
El tercer dictamen fue presentado por Argentina Federal, que también plantea una intervención sobre las deudas, aunque con un esquema diferente.
La propuesta declara la “Emergencia Social y Económica en materia de endeudamiento de los consumidores financieros” durante un año, prorrogable por otro, y establece límites a las tasas de interés mientras dure la emergencia.
Además, crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal, destinado a facilitar la refinanciación, reestructuración y cancelación de deudas de consumo de personas que se encuentren en situación de sobreendeudamiento o vulnerabilidad financiera.
Para acceder al programa, los ingresos mensuales de los beneficiarios no deberían superar los 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
La iniciativa también propone un límite para las tasas que podrán cobrar los acreedores, tomando como referencia la tasa nominal anual correspondiente a los depósitos a plazo fijo a 30 días de personas humanas publicada por el Banco Central.
El debate se trasladará ahora al recinto de la Cámara de Diputados. La fecha de una eventual sesión todavía debe ser definida y, además de los bloques que firmaron los dictámenes, será clave la posición que adopten los espacios que no quedaron reflejados en los despachos de las comisiones.
El tratamiento parlamentario comenzó después de que Diputados aprobara en septiembre un emplazamiento para que las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor avanzaran con los proyectos. La Cámara había señalado que existían alrededor de 50 iniciativas vinculadas con la problemática del endeudamiento familiar.
