Lo dispuso el juez Pablo Farah. Otro acusado fue procesado por omisión de denuncia. El hecho ocurrió el año pasado y se hizo público a partir de la publicación de un video en internet, en julio último.
El Juez de Instrucción Formal de Tercera Nominación, Pablo Farah, dictó hoy el procesamiento de cinco policías por resultar coautores materiales penalmente responsables del delito de "imposición de torturas".
Se trata de los efectivos Marcos Gabriel Gordillo, Héctor Raúl Gabriel Ramírez, Leonardo Esteban Serrano, Matías Eduardo Cruz y Alberto Antonio Ontivero, que permanecerán con prisión preventiva. Un sexto policía, Roberto Augusto Barrionuevo, fue procesado por resultar autor penalmente responsable del delito de omisión de denunciar el delito de tortura aunque obtuvo la libertad provisoria.
El magistrado dispuso también el procesamiento de la Comisario Inspector Beatriz Campos y del Subcomisario Luis Omar Vivas, por resultar presuntos autores responsables del delito de omisión funcional. Ambos oficiales permanecerán en ejercicio de su libertad provisoria.
El hecho por el cual fueron imputados se produjo en 2011 en la Comisaría Nº 11 de General Güemes, en la provincia de Salta, pero recién se hizo público en julio de este año a través de un video difundido en Internet, que mostraba las agresiones de los policías contra dos personas prácticamente desnudas en uno de los patios del lugar.
El Juez Farah, al analizar las agresiones sufridas por los damnificados, recordó que estas venían acompañadas de una exigencia ya que se les hacían preguntas en relación a determinados hechos. Las agresiones y la situación de indefensión de las víctimas fueron abordadas en la resolución del juez que apuntó como agravante la alevosía que representa el hecho de no poder obtener el auxilio de parte de terceras personas.
El reproche también reside en la finalidad que se busca con la aplicación de tormentos físicos, tendientes a obtener de sus víctimas confesiones, o información para el esclarecimiento de hechos que se investigan en la dependencia policial, sostuvo Farah, y acotó que estas conductas están reñidas con la naturaleza humana y con la forma de vida civilizada y por ello resultan repudiables en cualquier contexto histórico de que se trate".
"En efecto, la degradación humana que constituye la agresión física como método para obtener la confesión de un detenido, constituye la acción típica de la imposición de torturas, práctica abolida desde la sanción misma de la Constitución Nacional, detalló.
