Los jueces María Paula Marisi, Alejandro Waldo Piña y Gretel Diamante -subrogantes del Tribunal Oral Federal 2- dictaron condena a los 29 imputados por la causa que investigó la millonaria estafa a la AFIP a través de facturas apócrifas, mediante las cuales diferentes empresarios lograron evadir grandes sumas en calidad de impuestos. La particularidad de la audiencia, más allá de la sentencia, fue que se trató del primer fallo que la Justicia Federal realizó de forma virtual en Mendoza.
Todas las partes intervinientes se mantuvieron conectadas vía videoconferencia y la lectura de la decisión tribunalicia se llevó a cabo a través de esta novedosa modalidad, que llegó al mundillo judicial a causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Las etapas previas del extenso juicio (testimoniales, pruebas, alegatos) sí se llevaron a cabo de forma presencial.
En definitiva, los magistrados sentenciaron a los dos líderes de la banda, Pablo Prete y Sergio Delfino, a siete años y seis meses, y siete años -respectivamente- de prisión, acusados del delito de asociación ilícita tributaria, en calidad de "jefe u organizador", según el artículo 15 de la Ley 24.769. Además, le impusieron a ambos una multa de $90.000 y se ordenó el embargo de tres propiedades inmobiliarias y dos vehículos.
Ambos fueron considerados como los "cabecillas" de la organización delictiva que entre los años 2008 y 2015 defraudaron al organismo estatal en más de 225 millones de pesos, según lo que se determinó durante la investigación.
En cuanto al resto de los condenados, con menores responsabilidades en la banda, recibieron diversas penas. Armando Esteban López, José Meli y Eduardo Evans fueron sentenciados a cinco años de cárcel. Alejandro Javier Fernández, Julián Bustelo, Élida Rivas, Víctor Paz y Ramón Oscar Manique deberán cumplir cuatro años y tres meses tras las rejas. Los 20 imputados restantes obtuvieron una condena de tres años y seis meses.
El tribunal votó por mayoría (con la disidencia de Piña) el rechazo al planteo de la defensa de inconstitucionalidad sobre el mínimo de la pena establecida para el delito. Los fundamentos del fallo se darán a conocer en cuarenta días y allí los condenados tendrán la posibilidad de recurrir la sentencia ante Casación.
La causa
Una denuncia anónima en 2015 destapó la mega defraudación contra el Estado Nacional que llevó a cabo durante años la organización criminal que operaba en base en Mendoza, pero que logró ejecutar sus procedimientos fraudulentos en otras provincias. A partir de allí se ordenaron varios allanamientos y se secuestraron elementos que en el juicio se utilizaron como prueba.
Los principales acusados fueron detenidos tiempo más tarde, ya que lograron mantenerse prófugos de la Justicia por un largo tiempo. Prete cayó en 2017 y su socio Delfino fue detenido en Córdoba al año siguiente.
El modus operandi de la asociación ilícita, integrada por varios contadores, se basaba en buscar "clientes" que necesitaran "limpiar" el débito fiscal con la AFIP y una vez concretado el contacto, venderles facturas apócrifas para "inflar" el crédito de los empresarios. Algunos documentos eran adulterados digitalmente y otros directamente eran impresos con autorización del organismo tributario, a través de falsas sociedades creadas con anterioridad.
De este modo consiguieron que un sinfín de contribuyentes pudiera evadir el pago de impuestos por una cifra que se estimó en $226.395.545,33.