Chañares Herrados: la quita de concesión, entre la Corte y el CIADI
El conflicto entre la petrolera Medanito y la Provincia por la quita de la concesión del yacimiento Chañares Herrados, lejos de terminar, promete otro capítulo. Pese a que el Gobierno se prepara para relicitar el área, la empresa sigue adelante con la vía judicial y ahora espera el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, sin descartar un resarcimiento económico. E incluso ir al fuero internacional, concretamente al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) si el máximo tribunal falla en contra de su reclamo.
Cabe recordar que tras explotar por 25 años el yacimiento Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado en Tupungato, y una polémica prórroga de otros 10 firmada en 2015, el ex gobernador Cornejo declaró la caducidad de contrato por incumplimiento de unos u$s 100 millones en inversiones. Eso disparó no sólo un reclamo administrativo contra el decreto de Medanito, sino una demanda ante la Justicia por falta de las "debidas garantías" constitucionales.
Por su parte, la Provincia dio por concluido el reclamo administrativo y redobla la apuesta. Es que Chañares y Puesto Pozo Cercado (suman 210 kilómetros cuadrados de extensión y una producción bruta superior a 2.000 barriles diarios), que Medanito había revertido a la Provincia en 2018, son parte de la ronda que se intentará volver a licitar durante el primer semestre de 2020.
La particularidad es que, hasta adjudicarla a otro concesionario, Medanito seguirá como operador. Y aunque admiten cierto margen de negociación por delante, tienen a mano el resarcimiento económico por "las pérdidas ocasionadas" y las proyectadas: la empresa que lideran Emilio Carosio y su hijo Alejandro parte de la base de que parte de las exigencias al futuro titular será invertir u$s 20 millones, una 1/5 de lo que se le exigía, sin contar los u$s 84,5 millones que la firma había pagado por los activos de Chañares.
Según explica Alejandro Carosio, presidente de Medanito, a Sitio Andino
"no hemos ido aún por el resarcimiento económico, pero está. Porque el impacto es de varios cientos de millones de dólares, tanto por lo invertido en su momento como también por la pérdida absorbida en un balance negativo, con los proveedores y desde lo financiero e impositivo. Si bien en el momento el estatus no cambia, sí a futuro en cuanto a facturación".
Como sigue el conflicto: de la Corte ¿al fuero internacional?
Los asesores legales de Medanito recurrieron a la Justicia con el argumento de que el Gobierno había incurrido en "graves e inexplicables incongruencias" al rescindir el contrato por Chañares. Sucede que la gestión de Cornejo había ajustado las exigencias de inversión al argumentar varios antecedentes de incumplimientos en tal aspecto, pero la firma aduce falta de garantías "dado que la decisión se adoptó cuando la empresa trabajaba en una nueva adecuación de inversiones".
En ese punto, en 2017 se incorporó una auditoría semestral para controlar que la firma invirtiera regularmente, algo que a criterio del Gobierno nunca pudo comprobarse y derivó en la rescisión.
Desde el Gobierno nadie piensa en una escalada judicial, ni se prevé un revés. Al contrario. "Al margen del proceso judicial, que creemos tiene pocas chances de prosperar, administrativamente el tema está terminado. Y por lo tanto están dadas las condiciones para volver a licitar el área", indicaron fuentes del Ministerio de Economía, donde ya hablan del "interés" de varias petroleras.
La misma confianza demuestra Carosio ante un fallo de la Suprema Corte de Justicia que admitió la demanda de Medanito. "Si el dictamen es a favor como esperamos, habrá que acordar con la forma de recuperar el área que queremos seguir explotando como lo hemos hecho. De lo contrario, hay otras instancias judiciales a nivel internacional como elCIADi", resume, respecto a un fuero que suele inclinar la balanza a favor de las demandas de los privados, como ya ocurrió con la reestatización de OSM reclamada por el grupo francés Saur al que el Estado argentino debió pagarle u$s 75 millones.
La historia de Medanito y Chañares está salpicada de problemas legales e hitos judiciales que incluso llegaron a la imputación de un ex gobernador. Fue contra Francisco Pérez, quien había firmado la prórroga por 10 años, lo que le valió ser imputado por "fraude al Estado e incumplimiento de deberes de funcionario público", causa de la que finalmente resultó sobreseído en 2018.
Un banco suizo, a la espera
En tanto, el 31 de diciembre la petrolera extendió el cronograma de pagos comprometidos con un consorcio de bancos internacionales encabezado por el Credit Suisse, correspondientes a un "préstamo sindicado" de u$d 80 millones que venció el 23 del mismo mes. Ahora Medanito tiene hasta el 21 de enero para reprogramar las fechas para cancelar intereses.
La figura del préstamo sindicado es la vía por la que, a cambio de asistencia a una compañía complicada financieramente o en default, el acreedor puede "cobrarse" con acciones si la asistida no paga. Esto es, le abre las puertas a convertirse en socio o propietario, proporcionalmente al monto del crédito otorgado en relación al capital, y si así no ocurre, igualmente el Credit tiene razones para beneficiarse con el resarcimiento que Medanito pretende de la Provincia.
Aunque descarta que al traspaso como una posibilidad, "que obviamente puede ocurrir si no se paga" para el empresario "claramente, regularizar la situación en Mendoza nos dará aire para seguir operando, o en todo caso poder cumplir con los compromisos contraídos".
