El juez que investiga el caso fundamentó su decisión en la necesidad de evitar "propagación de resultados periciales que generen confusión y sean utilizadas por las partes que intervienen en campañas periodísticas, resultando perjudicadas las víctimas y la población", argumentó.
En tanto, el abogado Gregorio Dalbón que representante a heridos y deudos de algunos de los 51 fallecidos en el choque anunció hoy que pedirá el juicio político de Bonadío a quien acusó de "manifiestas irregularidades" en el manejo del caso.
Las fuentes también dijeron que Bonadío ratificó la participación del gobierno en la querella al sostener que "a un querellante le está vedado pedir el apartamiento de otro".
"Sólo quien soporta el proceso, es decir, el imputado o su defensa, puede oponerse a la intervención de las partes acusadoras", argumentó el magistrado en alusión a la apelación que presentó el abogado Dalbón contra la autorización al Ministerio de Planificación Federal para ser querellante.
Desde anoche, y por orden de Bonadío, no pueden salir del país el secretario de Transporte nacional, Juan Pablo Schiavi, al subsecretario de Transporte Ferroviario y sindicalista Antonio Luna, y el jefe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro.
La prohibición alcanza a los dueños de TBA, Roque y Claudio Cirigliano.
A todo esto, el abogado Dalbón anunció que pedirá el juicio político de Bonadío y para ello hizo una presentación ante su juzgado federal, el número 11, donde pidió copia de la causa para que el Consejo de la Magistratura de la Nación analice su conducta.
Dalbón objetó que el juez diera por terminada la búsqueda de personas desaparecidas cuando todavía no había sido encontrado Lucas Menghini Rey, cuyo cuerpo fue rescatado dos días después del accidente atrapado en una cabina en desuso.