El cerro Aconcagua es una de las principales atracciones de Mendoza y genera, año tras año, un importante flujo de turistas que llegan a nuestra provincia con la intensión de vencer al coloso de América. El comienzo de la temporada de ascensos genera expectativa en los sectores que dependen de los visitantes para vivir, pero este año la vista no está puesta sólo en la atención a los turistas, sino también en un fuerte conflicto entre empresarios y trabajadores. Denuncian al Gobierno por omisión, pero el Ejecutivo lo desmiente.
El conflicto entre los trabajadores de la montaña y las principales empresas de excursiones no es una novedad. Ya en 2014 los guías y porteadores pusieron el grito en el cielo por la falta de pago y las condiciones de trabajo que debían afrontar cuando viajaban al Aconcagua. Sin embargo este año los problemas empezaron aun cuando a la temporada le faltan 25 días para ver la luz.
Las empresas apuntadas por los trabajadores son Aymara Turismo e Inka Expediciones, dos de las más grandes que operan en el Aconcagua y organizan ascensos para locales y, sobre todo, turistas internacionales. Aseguran que existe un monopolio en el sector, denuncian estafa y acusan al Gobierno de mirar para otro lado.
Con respecto a Aconcagua Trek, según nos relató la abogada de los trabajadores, Romina Slipak, la firma "Estafó a 54 personas dándole más de 250 cheques sin fondo por más de 5 millones de pesos".
En el caso de Aymara la firma habría despedido a una cincuentena de empleados durante la temporada 2015 sin pagarles indemnización aduciendo que no existía una relación laboral. Sin embargo, recurso de amparo de por medio, la Justicia les dio la razón a los empleados y obligó a la firma a reincorporarlos, algo que hasta ahora no ha sucedido.
"Para colmo este año la empresa quiere cambiar de nombre (a Aconcagua Mountain Guides) para desconocer la relación laboral con los empleados y, a los que contrate, hacerlo sin la carga de la antigüedad. En las empresas de montaña hay un monopolio, son todas comandadas por un mismo sector económico y realiza este tipo de movidas para lavar dinero y tener a trabajadores en negro", denuncia la letrada que representa a los guías y porteadores perjudicados.
"El Estado es cómplice, porque no hace nada"
Si bien la Justicia forma parte del Estado y le brindó a los empleados que presentaron un recurso de amparo una respuesta favorable, la queja ahora apunta directamente contra el Ejecutivo provincial.
El Gobierno desmiente que las empresas señaladas tengan asegurada su concesión para 2017.
"El Gobierno, sabiendo muy bien que estas empresas tienen a trabajadores no registrados y no cumplen con las disposiciones judiciales que obligan a reincorporarlos y blanquearlos, año tras año renueva los contratos de concesión y les permite seguir operando en el Aconcagua", se quejó Slipak ante Sitio Andino.
Desde la secretaría de Ambiente y Desarrollo Territorial, en contraparte, aseguraron que le conflicto entre empresas y empleados excede a su alcance y es la subsecretaría de Trabajo la que debería realizar un dictamen en el caso de que la empresa no respete las leyes laborales. Aseguraron, además, que todavía no está decidido qué empresas podrán trabajar en la temporada 2017 del Aconcagua que arrancará, en principio, el próximo 15 de noviembre. La firma Aymara, comentaron, hasta el momento no se ha presentado para renovar la concesión.
