Los aumentos más fuertes fueron a propiedades que menos pagaban, en tanto que los grandes productores tuvieron un 300% de suba promedio
La desesperación de Margarita de Rubio, productora sanrafaelina, se hace patente en sus palabras: “Tengo una finquita de 6 hectáreas, 4 de ellas abandonadas por falta de agua. El año pasado pagué $3400 de impuesto inmobiliario y este año me llegó la boleta por $125.000. ¡Es imposible para mí pagar eso, imposible!”. Los aumentos en el inmobiliario hicieron estallar esta semana a los agricultores.
La palabra de Margarita -que sólo se ha quedado con su casa, una huerta y un puñado de frutales- sirve para describir el enojo e impotencia que sienten miles de productores de toda la provincia al recibir aumentos de hasta el 1.500% en el impuesto inmobiliario rural. El porcentaje desmedido surge de las denuncias hechas desde distintas Sociedades Rurales y del pedido de informes realizado al Gobierno de Mendoza por diputados opositores como Gerardo Vaquer y Mauricio Sat.
“El PJ votó en contra la Ley de Impositiva y Avalúo en la Legislatura, y denunciamos esto en su momento. La dificultad es que han categorizado construcciones en un índice 80, cuando el máximo es 120. Para que entendamos, 80 debe utilizarse para una vivienda con excelentes terminaciones y en algunas fincas han tomado hasta los gallineros como si fuesen nuevas construcciones”, dijo Sat a Canal 6 Telesur.
Explicó que, debido a ese cálculo erróneo la fórmula de avalúo ha lanzado aumentos de hasta el 1500% en el inmobiliario rural.
De hecho, Jorge Egea que posee una pequeña finca en Cuadro Nacional –San Rafael- explicó que sus 4 hectáreas pasaron de $50 mil del año pasado a 2 millones de pesos. “Han tomado un rancho de adobe que se está cayendo como si fuera una construcción nueva”, señaló indignado.
El diputado provincial Jorge Difonso fue una de las primeras voces en advertir los aumentos exorbitantes que llegarían para los productores. Luego de aprobarse la ley impositiva para el 2023, el legislador advirtió que la suba en el inmobiliario rural tenía que ver con un relevamiento que hizo el Gobierno provincial a través de una consultora que estudió fincas y campos con drones.
Tras una reunión con la Sociedad Rural de Valle de Uco, Difonso contó que hay propiedades que de 1 millón de pesos pasaron a pagar 11 millones: “Agricultores denuncian que se han tomado estructuras de tela media sombra como construcciones y piletas de lona como de material”, señaló entonces.
Gerardo Vaquer, legislador justicialista, denunció también que la Dirección General de Catastro contrató el año pasado un servicio de consultoría que “le cuesta a los mendocinos más de 730.000 dólares”, para producir una nueva base de datos en la que “encontramos gravísimos errores que afectan directamente a todos los contribuyentes de zonas agrarias”.
A inicios del 2023, ATM anunciaba con grandes titulares la existencia de más de 10 millones de metros cuadrados de construcciones sin declarar en zonas rurales. “Esto, entre otras irregularidades detectadas en un relevamiento masivo de datos catastrales realizado mediante vuelos fotogramétricos en los oasis provinciales”, según indicaba el comunicado oficial.
También se informaba que el relevamiento “contó con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e incluyó un diagnóstico masivo de datos catastrales rurales, actualización cartográfica y controles sobre cantidad de metros declarados, detección de espejos de agua, detección de diferentes cultivos y espacios de riego”.
El resultado del trabajo fue la detección de más de 10 millones de m2 de superficies cubiertas sin declarar y 16 millones de m2 de reservorios o espejos de agua, además de nuevos cultivos y zonas con derecho de riego.
“Las irregularidades detectadas adecuarán la base imponible del Impuesto Inmobiliario de numerosos contribuyentes, lo que permitirá mejorar la equidad tributaria en la aplicación de los impuestos patrimoniales en la provincia”, dijo en ese momento el administrador general de la ATM, Alejandro Donati.
Esta semana, tras conocerse los fuertes aumentos las sociedades rurales y entidades productivas levantaron la voz de alarma.
Tal como lo contamos en esta nota, Difonso advirtió al Gobierno provincial que no se avanzara con ese “impuesto confiscatorio que generará un conflicto económico y social muy grande en todas las regiones productivas".
Por su parte Mauricio Sat señaló a Sitio Andino que en medio de la Emergencia Agropecuaria declarada en Mendoza los productores se resignan y le comentan que no pagarán el impuesto. “El Justicialismo de Mendoza hizo un pedido de informes al Gobierno por este tema, que no fue respondido. Ahora denunciaremos ante la Fiscalía de Estado ya que es una irregularidad que afecta a la actividad productiva en su totalidad”, puntualizó.