Que el índice de precios al consumidor (inflación) que publica el INDEC no refleja los patrones de gasto actuales de los hogares argentinos no es un dato nuevo. La canasta con la que se mide la inflación fue construida a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004-2005 y, aunque una nueva edición del relevamiento (realizada en 2017-2018) hubiera permitido actualizarla, el gobierno optó por mantener la versión previa. Esa decisión tiene consecuencias medibles: la inflación real fue mayor que la registrada en 2024, y la caída del salario real fue más pronunciada de lo que las estadísticas oficiales permiten advertir.
- Sitio Andino >
- Economía >
Inflación real vs oficial: el costo oculto del índice del INDEC
Un informe revela que el IPC subestima la inflación real en Argentina, profundizando la caída salarial y distorsionando la medición económica.
Así lo destaca el Informe de Coyuntura Macroeconómica del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET (IIEP). El trabajo, elaborado por Joaquín Waldman con asesoramiento de Ricardo Martínez, Pablo Mira, Damián Pierri y Juan Manuel Rodríguez Repeti, reconstruye los ponderadores del índice utilizando los datos de la nueva encuesta y los ajusta por la variación de precios relativos ocurrida desde su realización. El resultado es un IPC alternativo que permite comparar cuánto habría diferido la medición oficial de haber incorporado los cambios metodológicos pendientes.
Tarifas y transporte: los rubros que más crecen en peso relativo
El ejercicio revela que, en caso de haberse actualizado el índice, habrían ganado relevancia los servicios de vivienda (que incluye tarifas de agua, gas y electricidad) y el transporte, con boletos y combustibles. Estos rubros concentran una porción importante de los precios regulados por el Estado. En el extremo opuesto, los alimentos y bebidas y el rubro de restaurantes y hoteles habrían reducido su participación en la canasta, precisamente porque son precios determinados por el mercado.
Las diferencias entre ambos índices se vuelven significativas en los años con variaciones abruptas en los precios regulados. Entre 2020 y 2022, el IPC recalculado habría sido inferior al oficial porque las tarifas crecieron muy por debajo de la inflación general. En 2024, el movimiento fue inverso: las tarifas y el precio del transporte público subieron un 206%, frente a una inflación general del 118%, lo que eleva la estimación alternativa a 126%. En 2025, la diferencia se estrecha: el informe estima que el nuevo índice habría arrojado una inflación del 33% frente al 32% registrado.
La caída del salario real, más profunda de lo que muestran las cifras
El impacto sobre el poder adquisitivo es el dato más contundente del informe. Al recalcular la pérdida salarial con los ponderadores actualizados, la caída respecto del promedio del primer semestre de 2023 pasa de diez a trece puntos porcentuales. La brecha se amplía aún más cuando se desagrega por sector: los salarios privados registrados habrían acumulado una pérdida de 7% (casi el doble del 4% que indica la medición oficial), mientras que los del sector público habrían caído un 24% en lugar del 21% reportado.
El informe señala también que la actualización metodológica habría afectado la medición de la pobreza, al elevar el peso de los servicios regulados dentro de la Canasta Básica Total y aumentar, presumiblemente, el valor de esa línea en relación con los ingresos de los hogares. La demora en aplicar el cambio tendrá consecuencias aún mayores en 2026, año para el que está programada una modificación del régimen tarifario con aumentos previstos por encima de la inflación general.
El documento apunta a que estos dos factores (el mayor deterioro salarial que captaría el nuevo índice y los aumentos de tarifas previstos) son, posiblemente, las razones por las que se postergó la actualización. Además, el informe advierte que el cambio de índice podría haber generado inflación adicional por los efectos de segunda ronda en contratos indexados: alquileres que siguen el Índice de Contratos de Locación, préstamos y plazos fijos en UVA, y otros precios que ajustan por IPC, como las cuotas de medicina prepaga.
Inflación sin ancla: qué explica el estancamiento de la desinflación
La segunda parte del informe aborda el aparente estancamiento del proceso de desinflación. La inflación mensual se mantiene en torno al 2-3% desde hace más de un año, lo que resulta llamativo en un contexto en que los dos principales determinantes de costos, el tipo de cambio y los salarios, se incrementaron por debajo de ese umbral. El tipo de cambio oficial cerró marzo apenas un 1% por encima del valor de fin de septiembre y acumula una caída del 5,3% desde finales de 2025. En el mismo período, los salarios crecieron en promedio un 1,4% mensual según el RIPTE, un 1,9% según el índice de salarios registrados del INDEC y un 2,1% según el SIPA, mientras la inflación promedió un 2,6%.
El informe postula cuatro hipótesis para explicar esta disociación. La primera es la suba de tarifas de servicios públicos: agua, energía eléctrica, gas y transporte acumularon una variación interanual del 46% en marzo, lo que representa un incremento real de aproximadamente el 10%. Ese impulso no se limita a los precios regulados, sino que se transmite indirectamente a la inflación núcleo a través de los costos de producción y distribución.
La segunda hipótesis remite al efecto rezagado de la depreciación cambiaria de abril del año pasado. El traspaso a precios fue, en ese momento, bajo en comparación con los estándares históricos, lo que podría indicar no que fue acotado sino que fue lento. La aceleración inflacionaria posterior sería, en esta lectura, la conclusión diferida de aquel ajuste.
La tercera hipótesis: el precio mayorista de la carne tiene una influencia significativa sobre la inflación general, y su peso en el modelo se incrementó en años recientes. Este indicador relevado por el Mercado Agroganadero de Cañuelas trepó un 81% en 2025, con una aceleración notable en el último bimestre del año: subió un 19% mensual en noviembre. En los últimos cuatro meses, su promedio mensual de incrementos fue del 8,2%, muy por encima de los demás índices de costos.
La cuarta hipótesis señala una recuperación de márgenes empresariales. En los meses posteriores a la depreciación, el índice de precios mayoristas se había adelantado al de los bienes al consumidor, lo que podría indicar que los vendedores absorbieron parcialmente la suba de costos sin trasladarla a precios finales. En los últimos meses, esa relación se invirtió: la inflación mayorista quedó por debajo de la inflación minorista de bienes, lo que sugiere una recuperación gradual de los márgenes. La inflación de servicios, a su vez, se mantuvo por encima de ambas categorías.
El informe concluye que la reciente aceleración inflacionaria obedece a factores que, en principio, tienen carácter transitorio: el incremento de dos precios relativos y una recuperación tardía de márgenes. Por supuesto, no es ajeno al proceso el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán que empujó el precio del barril de petróleo desde la zona de los 70 dólares hasta los 120 dólares, lo que incrementó las expectativas de inflación global y podría trasladarse a los precios domésticos. El impacto neto sobre Argentina es ambiguo: el shock petrolero genera divisas adicionales pero dificulta la desinflación. La duración del conflicto y el nivel en que se estabilice el precio de la energía definirán en qué medida este factor externo condiciona la trayectoria de los precios en los próximos meses.