El Gobierno usa reservas del Tesoro para frenar el dólar en plena campaña electoral, en medio de recesión, riesgo país alto y temor a default.
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Enmarcado en un proceso electoral que tiene dos escalas, una en apenas días y la otra en poco más de un mes, el Gobierno quema sus últimos libros en busca de mantener el dólar (y la inflación) dentro de los límites de conveniencia electoral y política.
Después de proclamar la libre flotación del dólar (hasta en pasos de comedia en canales de streaming) finalmente el Gobierno terminó anunciando oficialmente lo que era un secreto a voces desde hace días: intervendrá en el mercado de cambios con los dólares acumulados en el Tesoro.
La responsabilidad política de anunciar la quema de los preceptos libertarios ni siquiera estuvo en manos del ministro de Economía, sino del subsecretario de Finanzas, Pablo Quirno, que, en las últimas horas, en una reunión empresaria, se auto postuló para suceder a Luis Caputo en el sillón de Economía si la situación política y judicial obliga a los hermanos Milei a renovar y oxigenar el equipo económico.
El contexto es delicado: el riesgo país ronda los 900 puntos, los bonos argentinos en dólares sufren nuevas caídas ante la desconfianza de los mercados y la economía se encuentra en una recesión cada vez más profunda tras casi dos años de ajuste.
No hay magia: el mercado interpreta la oficialización de la intervención como un intento de ganar tiempo, sacrificando reservas fiscales destinadas al pago de deuda, con el objetivo de mantener estable la variable que más influye en el humor social argentino: el dólar.
Un viejo lobo de las mesas de dinero mendocinas aseguraba ayer que “están tomando medidas para llegar al domingo, ni siquiera a octubre”.
Los mercados también toman nota de lo que parece una confusión total, casi rayana con la ficción, que se vive en la Casa Rosada. Basta leer un párrafo de la nota del periodista Francisco Jueguen en el diario La Nación de hoy. Allí el colega asegura haber hablado con fuentes muy cercanas al presidente (¿el propio presidente?) y afirma: “En el Gobierno tienen identificado a un banco en particular en las últimas operaciones que, con poco volumen, terminaron de desestabilizar el mercado en una semana clave. No es europeo, ni argentino, ni americano. Todo confluye con el espionaje ilegal, dijeron en la Rosada, y el caso Spagnuolo, que complicó al oficialismo luego de los reveses en el Congreso -por el superávit fiscal- y las LEFI”.
La medida tomada expone un viraje en la política económica del oficialismo. En apenas veinte meses, el Gobierno pasó de prometer una flotación libre del tipo de cambio a un control cada vez más rígido. Primero se ensayó un esquema de ajustes mensuales (crawling peg), luego un sistema de bandas cambiarias, intervenciones multimillonarias en los mercados de futuros, tasas por las nubes y ahora se recurre a la venta directa de divisas del Tesoro.
Según las cuentas que llevan las consultoras de la City, los recursos disponibles que tendría el Tesoro para operar en el mercado rondan los 1.650 millones de dólares, acumulados por el superávit fiscal obtenido a partir de un severo ajuste en obra pública, salarios estatales, jubilaciones y programas sociales. Esos fondos estaban destinados a enfrentar vencimientos de deuda en enero, estimados en más de 4.000 millones de dólares. El Gobierno elige, en consecuencia, utilizar dólares del futuro para calmar el presente, con el riesgo de agravar los problemas financieros en el inicio de 2026.
Solo ayer se quemaron más de 130 millones de dólares para lograr que la cotización baje unos 10 pesos respecto al lunes.
El movimiento desnuda una paradoja del programa libertario: cada dólar que se destina a frenar la suba de la divisa es un dólar menos para honrar compromisos de deuda externa. La tensión entre sostener la estabilidad cambiaria y garantizar la solvencia financiera alimenta el temor a un default selectivo o a un reperfilamiento forzado de vencimientos.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se esperaba como un refuerzo de confianza, no logró mejorar la percepción externa. Desde su firma, el riesgo país se incrementó en más de 300 puntos, confirmando que la Argentina continúa marginada de los mercados voluntarios de crédito. En ese marco, las únicas fuentes de divisas provienen del ajuste interno y de la venta de reservas, un círculo vicioso que refuerza la recesión.
El oficialismo no oculta el trasfondo electoral de la medida. Con las urnas a pocas semanas, el Ejecutivo busca evitar un salto cambiario que pueda desencadenar una crisis política. El dólar se ha convertido en un termómetro de estabilidad y, al mismo tiempo, en un factor decisivo para el clima social.
El gran interrogante es qué ocurrirá tras las elecciones. Entre septiembre y diciembre vencen 20 billones de pesos en títulos ajustados por inflación y tipo de cambio, mientras que en enero habrá que afrontar pagos por 4.300 millones de dólares a organismos internacionales. Sin crédito externo y con reservas debilitadas, el margen de maniobra es mínimo.
El programa económico enfrenta así un dilema estructural: necesita crecimiento para sostener los compromisos, pero la estrategia elegida -basada en el ajuste y la recesión- cierra la puerta a la expansión.
La pregunta que flota es si este operativo de contención alcanzará para atravesar octubre sin una devaluación, o si la economía argentina quedará aún más expuesta al doble riesgo de devaluación y default una vez cerradas las urnas.