El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal: blanqueo permanente para los dólares del colchón, cambios penales y un nuevo vínculo con los contribuyentes.
El Gobierno reglamentó finalmente la Ley de Inocencia Fiscal y puso en marcha un nuevo esquema tributario con el que busca (según el discurso oficial) modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes en busca del blanqueo de los dólares fuera del sistema.
La medida, formalizada a través del Decreto 93/2026 publicado en el Boletín Oficial, apunta a incentivar la formalización de los ahorros no declarados, los famosos “dólares del colchón”, y a canalizarlos hacia la economía real, bajo un enfoque que abandona la presunción de culpabilidad fiscal.
La iniciativa constituye una de las apuestas centrales del ministro de Economía, Luis Caputo, apremiado por la necesidad de recomponer la actividad y ampliar la base tributaria sin recurrir a subas de impuestos. Según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero cerca de 170.000 millones de dólares; sin embargo, estimaciones privadas, y hasta del propio FMI, duplican esa cifra que los argentinos tendrían bajo el colchón.
El corazón del nuevo esquema es el Régimen de Inocencia Fiscal, que introduce dos principios clave: el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud de las declaraciones juradas. En la práctica, esto implica que el contribuyente que presenta su declaración y cumple con el pago en tiempo y forma queda protegido frente a futuras revisiones administrativas o penales sobre ese período, salvo en casos puntuales y claramente definidos por la normativa.
Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explican que el objetivo es dejar atrás un modelo “persecutorio”, en el que todos los contribuyentes eran tratados como potenciales evasores, para pasar a un sistema de control selectivo, basado en riesgo y enfocado en los casos de mayor relevancia fiscal. La reglamentación limita la posibilidad de reabrir fiscalizaciones únicamente a situaciones de discrepancias significativas, definidas como diferencias superiores al 15% de lo declarado, montos que superen los umbrales del Régimen Penal Tributario o el uso de documentación apócrifa.
Desde el sistema financiero las críticas al sistema que pone en marcha la ley y su reglamentación no decaen. En on aseguran que viola normas internacionales a las cuales la Argentina está adherida. En off confirman que se abren puertas sin control al lavado de activos provenientes de todo tipo de transacciones, poniendo en riesgo el corazón del sistema.
La reglamentación publicada hoy también pone formalmente en marcha el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, una de las reformas tributarias más relevantes de la Ley 27.799. Este régimen voluntario está dirigido a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, con ingresos y patrimonios por debajo de los topes establecidos y que no estén categorizadas como grandes contribuyentes.
Bajo este esquema, ARCA confecciona una declaración jurada precargada a partir de la información disponible en sus bases de datos y la provista por terceros. El contribuyente puede revisarla, ajustarla y confirmarla. A cambio, queda exceptuado de cumplir con una serie de obligaciones informativas adicionales que rigen en el régimen general. La novedad central es que el organismo solo podrá controlar los ingresos declarados y las deducciones admitidas, dejando expresamente excluida la variación patrimonial, los consumos personales y los depósitos bancarios.
El Gobierno presenta este mecanismo como una suerte de “blanqueo permanente”, orientado especialmente a pequeños y medianos ahorristas que mantienen dólares fuera del sistema por temor a sanciones o investigaciones retroactivas. La expectativa oficial es que la posibilidad de utilizar esos fondos sin dar explicaciones sobre su origen patrimonial actúe como un incentivo concreto para volcarlos al consumo, la inversión productiva o el financiamiento de emprendimientos y pymes.
Todo parece acorde al espíritu del Gobierno de hacerse de dólares no importa cómo ni de dónde.
La reglamentación también introduce cambios relevantes en el plano penal. Los umbrales de evasión simple se elevaron a 100 millones de pesos y los de evasión agravada a 1.000 millones, al tiempo que el plazo de prescripción de los delitos tributarios se redujo de cinco a tres años. Además, la evasión deja de configurar automáticamente un delito penal y pasa a priorizarse la regularización administrativa mediante el pago de la deuda.
En materia de sanciones, se actualizaron las multas previstas en la Ley de Procedimiento Fiscal, aunque se modificó el criterio de aplicación. ARCA deberá enviar primero un recordatorio por falta de presentación y otorgar un plazo para regularizar la situación antes de avanzar con una intimación formal, con un tratamiento diferencial para pymes y reducciones de hasta el 50% en caso de cumplimiento voluntario.
El decreto precisa además las condiciones de bancarización de los ahorros no declarados. Para operar dentro del régimen, los fondos deberán ingresar al sistema financiero, ya sea en el origen o en el destino de la operación, con excepción de las compraventas de inmuebles, que podrán seguir realizándose en efectivo. A su vez, se elevaron los umbrales de información a partir de los cuales las entidades financieras deben reportar movimientos a ARCA, fijándolos en hasta 10 millones de pesos mensuales.
Con este nuevo marco, el Ejecutivo busca que la formalización de activos deje de ser una medida excepcional y se convierta en un mecanismo permanente. Más allá de la norma, el Gobierno deberá probar, desde lo político, que su pretensión de reconstruir confianza alcanza para que los dólares guardados durante años efectivamente salgan del colchón y encuentren un destino productivo.