El secretario general de STVyARA, Fernando Cáceres, explicó por qué la medida cautelar es clave y denunció desfinanciamiento deliberado del organismo por parte de Nación.
Resistencia en Mendoza a la disolución de Vialidad
Foto: Yemel FilLuego del fallo judicial que suspendió por seis meses el decreto presidencial que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional, los trabajadores del organismo en Mendoza celebraron la decisión y advirtieron sobre el impacto que tendría avanzar con el cierre.
Fernando Cáceres, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) en la provincia, explicó en diálogo con Aconcagua Radio (FM 90.1) que la Justicia "entendió que el decreto tiene muchas fallas de constitucionalidad", por lo que consideró la resolución como una "esperanza" para que el tema de fondo se revierta.
“No se puede disolver una institución con más de 90 años de historia, que ha demostrado ser estratégica no solo en el mantenimiento de rutas, sino también en catástrofes naturales o momentos clave del país como la guerra de Malvinas”, remarcó.
Cáceres advirtió que las funciones que cumple actualmente Vialidad Nacional no podrán ser asumidas por el sector privado, y que transferirlas implicaría un costo hasta siete veces mayor para el Estado.
“Algunas decisiones políticas se toman sin medir consecuencias. Esto no es solo un tema económico, hay vidas en juego. Ya se está viendo con el estado calamitoso de muchas rutas”, advirtió.
También apuntó contra la política de la gestión de Javier Milei: “Desde hace más de un año no ingresa ni un peso del impuesto a los combustibles que debía financiar a Vialidad. Ese dinero se sigue cobrando, pero no se sabe dónde va”.
El gremialista sostuvo que el objetivo del sindicato no es partidario, sino que busca visibilizar el rol real del organismo. “No estamos defendiendo cargos, estamos defendiendo un servicio público esencial”, subrayó.
En ese sentido, cuestionó que se haya estigmatizado a los trabajadores, señalando que el Gobierno exageró la cantidad de delegados sindicales. “No hay 1.500 delegados como dijeron, son muchos menos y todos trabajan. Tienen tareas asignadas además de sus mandatos sindicales”, aclaró.
Por último, afirmó que continuarán trabajando junto a otros gremios y en el Congreso para que se revierta la decisión en forma definitiva: “Esto no era una urgencia. Vialidad tenía financiamiento propio y funcionaba. El decreto responde a una maniobra política, no a una necesidad real”.
Escuchá la entrevista completa a Fernando Cáceres, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com