Llamadas fuera de horario, amenazas de embargo sin juicio y mensajes que simulan provenir de la Justicia son algunas de las prácticas prohibidas. Una abogada explica cuáles son los derechos de los consumidores y cómo actuar.
La Ley de Defensa del Consumidor protege a quienes sufren hostigamiento durante una cobranza extrajudicial. Imagen generada con IA.
Tener una deuda no habilita a bancos, financieras o estudios de cobranzas a utilizar métodos intimidatorios para exigir el pago. Aunque estas prácticas todavía son frecuentes, la legislación argentina protege a los consumidores frente al hostigamiento y prevé sanciones para quienes incumplen la normativa.
Así lo explicó la abogada Victoria Fontemacchi, quien advirtió que muchas personas desconocen que existen límites legales para las cobranzas extrajudiciales y terminan soportando presiones que no deberían aceptar.
En los últimos meses el incremento del endeudamiento de las familias argentinas y la morosidad, acrecentaron este problema.
Según la especialista, una de las modalidades más habituales consiste en realizar llamadas telefónicas en horarios inapropiados, antes de las 8 de la mañana o después de las 20.
A esto se suman mensajes que aparentan provenir de un juzgado, operadores que se presentan falsamente como funcionarios judiciales y amenazas de embargo cuando ni siquiera existe una demanda iniciada.
"La legislación argentina prohíbe expresamente este tipo de cobros con un trato indigno y que viene a hostigar el proceso de cobranzas extrajudiciales", señaló Fontemacchi.
La abogada recordó que estas conductas vulneran el derecho de los consumidores a recibir un trato digno, contemplado en la Ley de Defensa del Consumidor (24.240).
Uno de los puntos que destacó la profesional es que la responsabilidad no desaparece cuando el banco o la financiera tercerizan la gestión de cobro.
"El banco y la entidad financiera también responden por los métodos de cobranza que utilizan estos cobradores, aunque hayan contratado una empresa externa", explicó.
En ese sentido, remarcó que las entidades financieras deben controlar que las empresas contratadas respeten la legislación vigente.
Frente a este tipo de situaciones, Fontemacchi recomendó no dejarse intimidar y reunir todas las pruebas posibles.
Entre ellas mencionó:
Además, aconsejó enviar una carta documento al acreedor solicitando el cese del hostigamiento y presentar una denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor.
"Después es importante consultar con un abogado para evaluar si corresponde iniciar una demanda judicial", agregó.
La especialista aclaró que, aun cuando la deuda sea real, el procedimiento previsto por la ley es muy distinto al que utilizan quienes recurren a amenazas telefónicas.
La primera intimación formal debe realizarse mediante una carta documento enviada al domicilio del deudor. Si el incumplimiento continúa, recién entonces el acreedor puede iniciar una acción judicial.
En ese caso, la existencia del proceso será comunicada oficialmente por el juzgado mediante una cédula u oficio judicial, y no a través de llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp o supuestas notificaciones enviadas por aplicaciones de mensajería.
"Muchas personas que tienen una deuda creen que deben soportar cualquier tipo de presión para pagarla, pero eso no es así. La Ley de Defensa del Consumidor las protege frente a estas cobranzas abusivas", sostuvo Fontemacchi.
La abogada insistió en que el hecho de mantener una deuda pendiente no implica renunciar al derecho a recibir un trato digno y respetuoso.
Por eso, advirtió que si una persona recibe llamadas insistentes fuera de horario, mensajes que simulan ser notificaciones judiciales o amenazas de embargo sin una orden de un juez, se encuentra frente a prácticas ilegales que pueden ser denunciadas.
"Es importante guardar las pruebas, verificar la deuda directamente con la entidad financiera y realizar el reclamo correspondiente. Tener una deuda no significa perder el derecho a un trato digno y respetuoso", concluyó.
video
