Senadores radicales presentaron un proyecto en la Legislatura de Mendoza para crear un sistema digital que permita que los ciudadanos puedan denunciar presuntas infracciones ambientales con el aporte de fotos y videos tomados en tiempo real.
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Legislatura de Mendoza: presentaron un proyecto para que los ciudadanos denuncien infracciones ambientales en tiempo real
Senadores oficialistas presentaron un proyecto en la Legislatura de Mendoza para habilitar una plataforma donde los ciudadanos denuncien daños ambientales con fotos y videos.
El objetivo de la iniciativa es establecer un marco jurídico para el reconocimiento, preservación y tratamiento administrativo de los registros audiovisuales que la ciudadanía suba a una plataforma oficial para ser analizados. Las imágenes que cumplan con los requisitos técnicos previstos podrán ser consideradas como elemento de sustento para luego ser derivados al organismo competente para su evaluación y eventual resolución.
El texto fue elaborado por los legisladores Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte y Néstor Majul, de Cambia Mendoza. Plantearon que si bien el Estado provincial ejerce "de manera ininterrumpida" las facultades de policía e inspección, es necesario diseñar e implementar un procedimiento unificado general ante la "complejidad del territorio" y la "inmediatez que exigen las afectaciones ambientales".
El ciudadano como "actor activo" de la protección del ambiente
El proyecto busca crear una plataforma digital en la que los ciudadanos puedan captar, en tiempo real y con georreferenciación obligatoria, supuestas infracciones ambientales, permitiendo el inicio de los procesos sancionatorios con un soporte probatorio de "alta fidelidad" desde el origen del trámite, explicaron.
Esto deberá articularse formalmente mediante una instancia especializada en fiscalización que integre al vecino "como un actor activo, corresponsable y cogestor del equilibrio ecológico". Para ello, se provee a la Autoridad de Aplicación de una red de fiscalizadores, distribuida en toda la provincia, para que los operativos de inspección presencial sean más eficientes y erradicar la brecha temporal entre la denuncia ciudadana y la constatación.
La democratización de la fiscalización ambiental, afirmaron los autores de la iniciativa, "genera un impacto profundamente positivo en el territorio; esta participación ciudadana, articulada y respaldada por un procedimiento administrativo claro, justo y eficaz, garantiza la sostenibilidad ambiental".
Según los senadores oficialistas, el enlace entre el Estado y la sociedad civil "fortalece la legitimidad de los procesos administrativos, asegura la transparencia institucional y garantiza una respuesta estatal oportuna frente a las demandas colectivas de protección del hábitat".
Las vías actuales para denunciar daños ambientales en Mendoza
Las vías vigentes, se argumentó en el proyecto, "comparten limitaciones técnicas y jurídicas críticas". Por un lado, el material probatorio adjunto suele ser captado de forma previa, lo que complejiza la trazabilidad y autenticidad necesarias para resguardar las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Por otro, la constatación presencial del hecho suele realizarse cuando las pruebas materiales desaparecieron con el paso del tiempo.
Actualmente no existe un procedimiento administrativo unificado de carácter general para esta materia. La Provincia ofrece a la comunidad la posibilidad de ingresar denuncias ambientales a través del Sistema de Tickets de la plataforma oficial de la mesa de entradas virtual, vías de mensajería instantánea automatizada (WhatsApp) y otros medios de contacto ciudadano.
A nivel comunal, algunos municipios han avanzado en la tutela ambiental mediante ordenanzas que contemplan infracciones, sanciones y canales de denuncia, habiéndose creado incluso instituciones especializadas como la Policía Ambiental en el Municipio de Godoy Cruz.
Marco normativo del proyecto
En la iniciativa oficialista se señaló que se "alinea en el marco normativo de modernización del Estado establecido por la Ley Provincial N° 9.625" (Sistema Digital de Administración Pública de Mendoza), cuyo objeto es facilitar la interacción con las dependencias públicas, simplificar los trámites, garantizar el pleno ejercicio de los derechos, optimizar la eficiencia y transparencia de los servicios estatales y promover una sociedad digital inclusiva.
A su vez, se mencionaron antecedentes como el procedimiento disciplinario previsto en la Ley Provincial N° 9.414 de Ordenamiento Territorial, mediante el cual se regulan las infracciones y sanciones aplicables en determinadas zonas; y el régimen de la Ley Provincial N° 9.701, que habilita la remisión de material audiovisual captado por la ciudadanía para la sustanciación y aplicación de sanciones ante contravenciones en el ámbito de la seguridad vial.
El caso de daño ambiental y sanitario en Los Corralitos
Esta semana, la Justicia imputó al titular de Aysam, Humberto Mingorance, en el marco de la causa que investiga los desbordes cloacales en Los Corralitos, Guaymallén, uno de los conflictos ambientales y sanitarios más graves que enfrenta Mendoza en los últimos años. La decisión judicial se dio tras meses de denuncias de vecinos, informes técnicos y cruces entre organismos provinciales por el colapso de la Colectora Máxima Noreste, que transporta efluentes de más de medio millón de personas del Gran Mendoza.