Caída de la recaudación: cómo se blindan los municipios de Mendoza ante el desplome de la coparticipación

• En la Ciudad de Mendoza, la administración de Ulpiano Suarez se ha centrado en el control del gasto, con las ya anunciadas decisiones como el congelamiento de salarios de funcionarios por seis meses y la limitación en la incorporación de personal. En paralelo, la obra pública se ralentizó, con avances más espaciados en proyectos en ejecución, mientras que solo se sostienen aquellas iniciativas con retorno directo, como mejoras en infraestructura deportiva. En ese ámbito, el Ejecutivo capitalino apeló al adelanto de coparticipación (por $1.150 millones) para completar la cuarta etapa de urbanización de La Favorita. La comuna además registró una caída cercana al 7% en la coparticipación y una baja leve en el pago de tasas comerciales, vinculada a la retracción del consumo.
• Guaymallén también avanzó en un recorte de la estructura política y administrativa, tanto en el Ejecutivo como en el Concejo Deliberante, con el objetivo de reducir el gasto público. En ese marco, se achicaron cargos y áreas, en línea con una política de ajuste que ya lleva varios meses, mientras se monitorea la evolución de la recaudación, que también muestra signos de caída. No hay intención —en el corto o mediano plazo— de solicitar adelanto de "copa".
• En Maipú, el paquete de medidas incluyó una reducción del 20% de los cargos políticos, el congelamiento de salarios de funcionarios y un recorte del 20% en los gastos corrientes. A la par, el municipio comandado por Matías Stevanato implementó herramientas para sostener ingresos, como planes de regularización de deudas sin interés (moratoria) y facilidades para declarar construcciones, en un contexto en el que la recaudación propia también se vio afectada.

• Godoy Cruz, en tanto, sostiene una política de austeridad y previsibilidad financiera aplicada desde fines de 2025, lo que "permite afrontar el escenario con cuentas equilibradas", indicaron a este medio desde la gestión de Diego Costarelli. Se dispuso el congelamiento de la planta de personal, recorte y unificación de áreas, y una política salarial que prioriza a los trabajadores por sobre los funcionarios. La comuna destaca además que no necesitó solicitar adelantos de coparticipación, apoyada en una administración basada en gastar menos de lo que ingresa.
• En Las Heras la caída del cumplimiento del pago de tasas es significativa. La morosidad en la tasa de servicios a la propiedad ronda el 47%, con niveles de cumplimiento que en algunos meses no superan el 30% de la facturación. Frente a ese escenario, el municipio recurrió a moratorias con quita de intereses, facilidades de pago y bonificaciones de cuotas, buscando recomponer ingresos para sostener el nivel de obra pública y planificar nuevos proyectos. El intendente Francisco Lo Presti pidió a principios de año un adelanto de coparticipación por $1.500, para cumplir con el plan de infraestructura.
• En Luján de Cuyo, el impacto se refleja tanto en los fondos externos como en los propios: la coparticipación cayó un 30% real interanual y las tasas municipales un 12% en el mismo período. Ante esto, la comuna avanzó en una reestructuración presupuestaria cercana al 10%, con reasignación de recursos hacia áreas estratégicas y priorización de inversiones consideradas clave (gastos en Capital). El nivel de cumplimiento del pago de tasas se sostiene en el 73%.
• Lavalle, por su parte, se apoya en una política de ahorro previa y control del gasto para atravesar el momento. El municipio evitó solicitar adelantos de coparticipación y avanzó en medidas como la reducción de contrataciones, el congelamiento de la planta de personal (se da de alta solo cuando exista una baja), disminución en la contratación de vehículos y campañas para incentivar el pago de tasas. Por estas horas se trabaja en un proyecto de ordenanza que contemple reducción de intereses para contribuyentes deudores, a fin de facilitar la regularización de sus obligaciones. Se redujo la contratación de vehículos.

En la Zona Sur también caen los ingresos: ajuste y financiamiento para pasar la crisis

En el Sur provincial, el impacto de la caída de ingresos también se hace sentir. Las tres comunas debieron apelar a diversas formas de financiamiento externo para afrontar el desplome en la recaudación, además de eficientizar el gasto.

• En San Rafael se priorizó el funcionamiento básico del municipio por sobre la expansión de obra pública. En ese sentido, se estiraron los plazos de ejecución de proyectos en marcha y se frenó el inicio de nuevas obras, con el objetivo de garantizar la prestación de servicios esenciales. En paralelo, el Ejecutivo municipal obtuvo aval para tomar un crédito de $10.000 millones con el Banco Nación, destinado a infraestructura y a la finalización del gasoducto. Se trata de la primera vez en más de dos décadas que la comuna recurre a financiamiento de este tipo. En materia de ingresos, se decidió no actualizar tasas en el segundo semestre para sostener la cobrabilidad, que ronda el 70% en servicios a la propiedad, aunque el comercio muestra una caída cercana a los 10 puntos (se ubica en torno al 59%).
• Malargüe, por su parte, enfrenta un escenario más ajustado, con fuerte caída de ingresos por coparticipación y recaudación propia, lo que obligó a tomar medidas tanto del lado del financiamiento como del gasto. El municipio solicitó adelantos de coparticipación por $300 millones y recurrió a herramientas de corto plazo para afrontar obligaciones prioritarias, como salarios y servicios. A la par, implementó un programa de ordenamiento del gasto, con reducción de contratos, limitación de horas extras y control más estricto de erogaciones operativas. En paralelo, avanza en procesos de modernización y digitalización para mejorar la recaudación y reducir costos, mientras que para sostener la obra pública apeló a financiamiento de largo plazo destinado exclusivamente a infraestructura, buscando no comprometer el equilibrio financiero corriente.
• En General Alvear, en tanto, el ajuste se centró en una fuerte reducción (50%, según datos del Municipio) de la estructura política y del empleo público (desde 2023, la planta se achicó en unos 100 empleados). Pese a ello, la caída de ingresos también obligó a recurrir a asistencia externa: el intendente Alejandro Molero solicitó adelantos de coparticipación por $700 millones en total en lo que va del año, destinados tanto a gastos de capital como a compromisos específicos, como el sostenimiento de la lucha antigranizo. Parte de esos fondos se utilizaron para financiar inversiones en equipamiento y obras. El cumplimiento de pago de tasas por parte de los vecinos es muy bajo: apenas supera el 30%.

Valle de Uco: entre el ahorro, el ajuste y la priorización de servicios

En el Valle de Uco, la caída de la recaudación y de la coparticipación también impacta con fuerza, aunque cada municipio enfrenta el escenario con herramientas distintas, que van desde el uso de ahorros, hasta recortes y achicamiento del Estado.

• En Tunuyán, el impacto se explica no solo por la baja de ingresos, sino también por la decisión de sostener con fondos propios obras que quedaron paralizadas a nivel nacional. Según planteó el intendente Emir Andraos, el municipio debió destinar una parte significativa de sus reservas para terminar proyectos de infraestructura, entre ellos el desarrollo habitacional Bordelongue. La Comuna debió apelar a los ahorros para concretar ese proyecto inconcluso (entre otros), reduciendo el margen de maniobra financiera. Para la eficiencia del gasto, se modernizaron sistemas y se mantuvo estable la planta de personal.
• En San Carlos, con fuerte dependencia de la coparticipación, se aplicó un ajuste significativo al inicio del año, con reducción de contratos, adicionales salariales y erogaciones vinculadas a la planta de personal. La comuna, además, enfrenta costos estructurales elevados, vinculados a la extensión territorial y a un parque automotor antiguo que demanda gastos constantes en mantenimiento. Para aliviar esa situación, se concretó la compra de 22 vehículos mediante un crédito del Banco Nación. Aun así, el municipio reconoce que la capacidad de gasto está al límite, con dificultades para afrontar nuevas erogaciones y con la necesidad de evaluar medidas adicionales si la caída de ingresos persiste. En ese marco, se trabaja —junto a los jóvenes del departamento— en la reformulación de la tradicional "Estudiantina" para que sea menos onerosa. También se evalúa avanzar con una moratoria para recuperar parte de la deuda en tasas, que alcanza montos significativos.
• Por su parte, Tupungato optó por una estrategia centrada en la priorización del gasto y el sostenimiento de los servicios esenciales. El municipio puso el foco en garantizar prestaciones clave como agua potable, alumbrado y limpieza, al tiempo que avanzó en una revisión integral del gasto público, postergando o reduciendo erogaciones no indispensables. Esa lógica también se trasladó a áreas como deporte y cultura, donde se mantuvieron las actividades pero con menor nivel de inversión, ajustando el acompañamiento a las posibilidades actuales. En paralelo, la comuna trabaja en fortalecer la recaudación propia para compensar parcialmente la caída de ingresos externos. Además, desde el entorno del intendente Gustavo Aguilera destacaron como ventaja relativa una estructura de personal más acotada, lo que le permite mayor flexibilidad para administrar sus recursos sin comprometer el funcionamiento básico.

Zona Este: ajuste moderado, moratorias y control del gasto

En el Este provincial, como en el resto del territorio provincial, los municipios combinan medidas de austeridad con estrategias para sostener ingresos propios.

• En San Martín, el impacto se siente principalmente en términos presupuestarios más que financieros. Desde la comuna señalaron que no fue necesario solicitar anticipos de coparticipación, aunque sí se avanzó en un plan de regularización de deudas (moratoria) con descuentos para vecinos y comerciantes, con el doble objetivo de mejorar la recaudación y aliviar la carga impositiva. En paralelo, se dispuso una restricción de gastos no urgentes, se frenó el crecimiento de la planta de personal y se descartó el inicio de nuevas obras públicas. La prioridad, indicaron, es finalizar las cerca de 15 obras en ejecución, sostener el gasto social y cumplir con los acuerdos salariales.
• En Santa Rosa se implementaron recortes de gastos y políticas para incentivar el pago de tasas, con descuentos y beneficios para regularizar deudas. La intendenta Flor Destéfanis solicitó a la Provincia un adelanto de coparticipación por $200 millones para hacer frente a compromisos con proveedores y evitar sobreprecios.
• En Junín, en tanto, el enfoque está puesto en la eficiencia del gasto antes que en medidas drásticas. La gestión del intendente Mario Abed sostiene una política de fuerte control del gasto, sin recurrir a endeudamiento ni a anticipos de coparticipación. Entre las principales estrategias se destaca el congelamiento de la planta de personal: las vacantes por jubilaciones no se cubren en su totalidad y se redistribuyen tareas mediante pago de adicionales salariales. También se avanzó en la reducción de costos operativos, con programas de ahorro energético —como la reconversión a iluminación LED y la reducción de consumo en espacios públicos— y la limitación de eventos. Pese a la caída de la recaudación, desde el municipio aseguran que la situación financiera se mantiene estable. En cuanto a obra pública, las intervenciones menores se sostienen con recursos propios y esquemas de colaboración con vecinos.

En tanto, desde Rivadavia y La Paz no se brindó información al cierre de esta nota. Ni Ricardo Mansur ni Fernando Ubieta han solicitado —aún— adelantos de coparticipación.