Contratos frutihortícolas: por no registrarlos o subfacturar, aplican multas de hasta $14 millones
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Hasta ahora bastaba con asentar la factura de compra, pero el marco legal dio un giro más para, como en el caso de la uva desde 2019, ajustar el control de comercialización de productos frutihortícolas en Mendoza. A partir de un aumento de la informalidad, compradores de ajo, aceitunas, ciruela y durazno deben desde ahora registrar contratos, precios y formas de pago, algo que, de incumplirse, implica en multas equivalentes al 5% del volúmen transado: en algunos casos, penas de hasta $14 millones, como las aplicadas a algunos grandes compradores por prácticas informales que incluyen subfacturación.
La resolución 229 le da más facultades a la Dirección de Fiscalización y Control provincial respecto de la ley 9133, que hasta el momento establecía que "los establecimientos que omitan la inscripción de los contratos serán sancionados con multas del 5% del valor acordado" e incluso la clausura de dichas firmas incumplidoras en caso de reincidencia.
En adelante, el marco legal fija un "límite pecuniario" si se detectan casos de transacciones irregulares de frutas y verduras, léase, subfacturación u operaciones en negro: al advertir un "vacío respecto a la formación del monto a aplicar" el organismo aplica multas por el 5% del volúmen. Y así eliminar "cualquier posibilidad de discrecionalidad y promovería la transparencia, resolver sobre un criterio objetivo y uniforme".
Con ese fin, Fiscalización toma los valores publicados por la Bolsa de Comercio de Mendoza S.A. de mercados regionales, frutícola y/u hortícola, en base a los kilos de materia prima en fresco (salvo la uva que ya viene fiscalizándose por ley de Contratos desde 2019) ingresada, elaborada, declarada en infracción".
Qué se busca controlar
La ley 9133, reglamentada en 2019, determina que la compra de toda materia prima no propia incoporada a la industria debe registrarse. El marco empezó aplicándose a la uva para vinificar y contemplaba que fueran incorporándose progresivamente otros productos: es el turno del ajo, aceituna, ciruela, durazno y tomate, cuyo calendario de cosechas fija topes temporales para la inscripción de los contratos, que la pandemia postergó hasta ahora.
"En algún momento, bastaba que la dirección de Industria controlara ingresos y egresos a partir de las declaraciones juradas de los establecimientos. Ahora se dan dos situaciones pasibles de sanción: registrar un contrato fuera de término, o no hacerlo, como tampoco poder justificar el origen de la mercadería", advierte José Cortez, director de Fiscalización y Control.
Para el funcionario, la nueva medida apunta a "endurecer el control sobre la materia prima para proteger al productor. Lo usual es cruzar la inspección de movimiento de materia prima con la DJ presentada, y así constatar la diferencia entre producción propia y de terceros: pero la nueva medida deja atrás la sóla presentación de la factura, y exije un contrato, con precio y forma de pago. ¿Cómo se calcula el monto de la sanción? Con los últimos precios registrados del producto en cuestión.
Para Raúl Aruani, presidente de Aspeff (Asociación de Productores y Empacadores de Fruta Fresca) "lo deseable es la transparencia del mercado, porque existió, existe y existirá un mercado informal; de hecho, es una de las mayores complicaciones respecto a quienes llegan desde el Norte del país, compran, cargan algunos camiones y se llevan la producción sin control".
Durazno y uva: operaciones informales y multas de hasta $14 millones
Lo descripto por Aruani afecta a la producción mendocina de duraznos, peras y manzanas. Y abarca al circuito desde y hacia el NOA e incluso un contrabando "hormiga" rumbo a Bolivia, con transportes que se inspeccionan al ingreso pero no al salir de la provincia. "Hay casos de sellos apócrifos de un galpón de empaque para facilitar el movimiento. Por eso, se debería ir más allá de los establecimientos y llegar a las fincas, lo cual es difícil porque nos exijen denunciar; cuando se ha hecho, los camiones fueron interceptados. Lo cierto es que cuando se van prácticamente no queda nada para comercializar", asegura el directivo.
La poca vocación por exponer esas prácticas irregulares se explica en los beneficios: es que, de acuerdo a Aspeff, los productores, a cambio de no registrar las operaciones, cobran "hasta 15 a 20% más" que el precio regular. Como referencia, hay que tomar los $50 por kilo de durazno primicia facturados a comienzos de temporada.
La compraventa de uva configuran un cuadro paradigmático y bastante abarcativo en cuanto a irregularidades posible. Durante las inspecciones de Fiscalización y Control a 250 bodegas se detectaron casos de subfacturación en la compra de materia prima a terceros y falta de registro de condiciones formales de comercialización: 50 firmas integran la lista inicial bajo la lupa por distintas conductas que ahora deben presentar su descargo en medio del proceso de sanción.
Un ejemplo: a un solo establecimiento vitivinícola, de los grandes compradores de uva del mercado, se le aplicó una multa de $14 millones por la cosecha 2019, lo que "significa que el incumplimiento corresponde a una operación por $280 millones", señaló el funcionario.
Sin embargo, para Cortez, "tras un filtro inicial surje que la mayoría se ajusta a la normativa. Hay situaciones en donde, sobre 1 millón de kilos, se detectaron diferencias por 1% del total; gran parte de son declaraciones fuera de término. Que no pueda justificarse el origen por ahora es una rareza".
