Una demanda contra el gobierno porteño por un supuesto desalojo ilegal concluyó con una contundente sentencia en contra del actor y su abogado por "conducta maliciosa y temeraria", y ahora deberán pagar una multa de 20 mil pesos.
Una demanda contra el gobierno porteño por un supuesto desalojo ilegal concluyó con una contundente sentencia en contra del actor y su abogado por "conducta maliciosa y temeraria", y ahora deberán pagar una multa de 20 mil pesos.
Según se informó, el hombre de nacionalidad peruana alegaba ser el propietario de una casa sobre la calle Aranguren, en el barrio de Caballito, de la cual fue desalojado, y por ello acudió a la Justicia para solicitar la restitución de un inmueble y unos 70.400 pesos por daños morales y psicológicos.
El titular del juzgado N° 13 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, resolvió rechazar la demanda y fijó al supuesto propietario del inmueble "una multa de 20.000 pesos por haber incurrido en conducta temeraria".
En los fundamentos del fallo dictado el 26 de junio pasado y conocido hoy el juez agregó: "La parte actora ha retaceado información conducente para la resolución de esta causa y -lo que es peor- ha falseado la exposición de los hechos que efectúa en su demanda".
Esa circunstancia, añadió, "resulta evidente por la mera confrontación entre sus dichos, los términos que surgen de sus presentaciones en otras causas judiciales y las constancias de los expedientes administrativos ya referidos".
En la resolución se destaca la existencia de otra causa que también tramita en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en la cual el supuesto propietario desalojado arbitrariamente por el gobierno porteño se presenta como un ocupante de la vivienda en cuestión.
Allí consta que era inquilino de una habitación y que tras la muerte de la dueña continuó en la propiedad junto a otras 30 personas.
"El relato engañoso de los hechos, que resulta patente de las constancias aportadas a la causa y ya valoradas, permite concluir que el demandante se ha conducido con mala fe y con pleno conocimiento de la ausencia de razón válida para litigar. En razón de ello, y en la medida en que se encuentran reunidos los presupuestos para su configuración, no cabe más que declarar temeraria la conducta de la parte actora en el proceso", subrayó el magistrado.
En la sentencia, el juez porteño también dispuso "remitir al tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, copia certificada de la totalidad de estas actuaciones", por entender que "la actuación del letrado patrocinante del actor" también debe ser analizada, ya que el profesional "no pudo desconocer la evidente sinrazón del reclamo de su asistido".
Tras considerar "temeraria la conducta" del abogado, el juez ordenó remitir las actuaciones a la justicia en lo criminal y correccional para investigar diversas figuras delictivas, incluso una estafa procesal.
Fuente: DyN