El Congreso ya analiza el proyecto de ley del Ejecutivo que reformula el sistema de subsidios al consumo de gas natural, modifica las reglas del mercado eléctrico mayorista y elimina regímenes de promoción para el sector de hidrocarburos. El eje económico de la iniciativa es la reducción del gasto público: el gobierno sostiene que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas acumula un déficit que el Tesoro Nacional ya no puede financiar.
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Subsidios al gas: el Congreso debate recortes a Zona Fría y cambios energéticos
El Congreso debate una reforma energética propuesta por el Ejecutivo que recorta subsidios de gas por Zona Fría y modifica tarifas eléctricas.
El proyecto introduce tres modificaciones sustanciales. La primera, y de mayor alcance social, es la restricción del Régimen de Zona Fría a los hogares que reúnan simultáneamente dos condiciones: estar registrados en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y residir en zonas de efectiva severidad climática. La segunda reorganiza los mecanismos de compensación de deudas entre el Estado y las empresas del sector eléctrico. La tercera deroga incentivos fiscales y cambiarios que el Estado ofrecía a las empresas productoras de petróleo y gas.
El subsidio que se achica
El Régimen de Zona Fría fue concebido originalmente para compensar los mayores costos de calefacción en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. En 2021, la Ley 27.637 extendió ese beneficio (descuentos de entre el 30% y el 50% sobre la factura de gas) a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, entre otras. Como resultado, el universo de beneficiarios creció de 950.000 hogares a aproximadamente cuatro millones, lo que representa cerca de la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas en el país.
El proyecto no deroga la ley de 2021 en su totalidad, pero sí suprime la automaticidad del beneficio para las regiones incorporadas en esa ampliación. En adelante, solo conservarán el subsidio pleno los usuarios de las zonas originalmente contempladas. Para el resto, el acceso quedará limitado a quienes integren el padrón SEF, cuyo umbral de ingresos no supera las tres Canastas Básicas Totales. Quedan sin definición explícita en el texto la situación de las entidades de bien público (clubes, asociaciones, instituciones religiosas) y el monto exacto del beneficio, cuya fijación se delega al Poder Ejecutivo.
Para financiar el sistema, el gobierno amplió por decreto el tope del recargo que se aplica sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte: del 7,5% vigente al 11,25%. Ese recargo lo pagan todos los usuarios del sistema gasífero nacional, con independencia de su ubicación geográfica o nivel de ingresos. Si bien la norma no dispone un incremento automático, faculta al Ministerio de Economía a elevarlo en función de las necesidades del fondo.
La combinación de factores resulta significativa: la quita del subsidio para los hogares de ingresos medios de las zonas ampliadas coincide con un proceso de actualización de los precios mayoristas del gas. Para esos hogares, el efecto neto es un aumento directo en la factura. En el sector productivo, pequeñas y medianas empresas de algunas provincias ya informaron incrementos de hasta el 160% en sus costos energéticos
Electricidad: compensaciones con condiciones
En materia eléctrica, el proyecto establece un mecanismo para saldar las diferencias acumuladas entre lo que las distribuidoras y transportistas percibieron durante los períodos de emergencia tarifaria y lo que les hubiera correspondido según sus contratos de concesión. El crédito reconocido se aplicará exclusivamente a cancelar deudas con CAMMESA o a compensar penalidades por incumplimientos. La condición es que las empresas renuncien a toda acción judicial o administrativa contra el Estado.
El texto también modifica la Ley 24.065 para garantizar el traslado automático a las tarifas del precio de adquisición de la energía en el mercado mayorista. Se trata de una medida de previsibilidad regulatoria que las distribuidoras venían reclamando, pero que implica que cualquier aumento en el costo mayorista se trasladará de manera directa a los usuarios finales.
Hidrocarburos: fin de los regímenes especiales
El capítulo de hidrocarburos deroga el Decreto 277/2022, que habilitaba el acceso a divisas para producción incremental de petróleo y gas, y el Decreto 929/2013 junto con los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007, que permitían exportar hasta el 20% de la producción sin pagar derechos de exportación. El argumento oficial es que las reformas recientes del marco energético tornan innecesarios esos tratamientos diferenciales. Los proyectos ya aprobados bajo esos regímenes mantendrán sus derechos adquiridos.
Debate abierto
El proyecto encontró resistencia parlamentaria inmediata. Legisladores de la oposición cuestionan tanto el criterio de focalización (que sustituye la pertenencia geográfica por el nivel de ingresos) como la ausencia de estudios que acrediten la suficiencia del fondo fiduciario bajo el nuevo esquema. Representantes de Córdoba, Santa Fe y Mendoza advierten que las condiciones climáticas de sus regiones generan una demanda energética real que los registros meteorológicos respaldan.
Desde los municipios, intendentes de distintas fuerzas políticas evalúan acciones judiciales ante la perspectiva de una suba abrupta en las facturas, en un contexto de retracción del consumo y dificultades crecientes de cobro.
Lo que se discute, en definitiva, es quién absorbe el costo de un desequilibrio fiscal que el Gobierno declara insostenible.