La alianza entre La Libertad Avanza y el radicalismo intenta aprobar hoy en la Cámara de Diputados un proyecto del Poder Ejecutivo para reformar el régimen de subsidios de Zonas Frías. La iniciativa, que ya cuenta con dictamen de mayoría, apunta a concentrar los beneficios en hogares vulnerables y a corregir lo que el oficialismo describe como distorsiones introducidas en el consumo de gas por la ampliación del régimen sancionada en 2021.
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Subsidios al gas: Diputados trata el golpe al beneficio de Zonas Frías en Mendoza
Diputados debate una reforma de Zonas Frías que dejaría afuera a gran parte de Mendoza. El oficialismo busca focalizar subsidios para el gas.
Cambios en los subsidios y nuevos requisitos
Según el texto del proyecto, los subsidios quedarán reservados exclusivamente a usuarios incorporados al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El padrón comprenderá hogares cuyos ingresos netos no superen tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En este último caso, el proyecto establece que la Secretaría de Energía deberá evaluar si la condición de discapacidad implica efectivamente una necesidad de asistencia económica para afrontar los servicios energéticos. Pero para ello los posibles beneficiarios deberán hacer una serie de trámites y empadronamientos que no acercan sino que alejan a los usuarios del posible beneficio.
El proyecto también redefine el alcance territorial del régimen. La cobertura quedará limitada a las regiones históricamente incluidas (Patagonia, Malargüe y la Puna) y excluirá las zonas incorporadas en 2021. Después de arduas negociaciones para garantizar el quorum en la sesión de hoy, la iniciativa incorpora dentro del esquema de subsidios la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.
El impacto en Mendoza
En Mendoza el impacto es más que importante: el único departamento que permanece dentro del régimen es Malargüe. Quedan excluidos el Gran Mendoza, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
El argumento central del oficialismo es que la ampliación de 2021 extendió los beneficios a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red, incluyendo sectores de alto poder adquisitivo sin correspondencia con criterios de vulnerabilidad económica.
Los votos que aportaría Mendoza para el quorum y la posterior votación de la eliminación de la calificación para zonas realmente frías de la provincia como el Valle de Uco, San Rafael y General Alvear serían los de los libertarios Mercedes Llano, Julieta Metral Ascensio, Facundo Correa Llano, Álvaro Martínez y Luis Petri, a los que se suman los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri.
Un fondo con números en disputa
La discusión legislativa no puede separarse de la situación financiera del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, cuya trayectoria es objeto de interpretaciones encontradas. Según datos oficiales publicados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, el Fondo arrojó superávit en los tres años posteriores a la ampliación del régimen: 16.818 millones de pesos en 2021, 7.697 millones en 2022 y 39.213 millones en 2023.
El equilibrio se rompió con el inicio de la actual gestión. En 2024, el Fondo registró un balance negativo de 54.810 millones de pesos. En 2025, si bien se informó un resultado positivo de 31.823 millones, ese número incluye una transferencia de la Administración Nacional por 40.559 millones, lo que implica un déficit real de 8.736 millones, aun cuando la gestión Milei elevó el cargo aplicado en cada factura para financiar el Fondo, del 7% al 7,5%.
Desde el Instituto Consenso Federal, organización sin fines de lucro dedicada al análisis de políticas públicas, se cuestiona la narrativa oficial. La entidad señala que el Fondo fue superavitario durante los tres años de vigencia de la ley ampliada, y que el deterioro financiero se produjo bajo la conducción económica del actual gobierno. Uno de sus directores, el exdiputado Alejandro Rodríguez, coautor de la Ley 27.637, lidera una campaña en defensa de los descuentos.
Consumo razonable frente a acusaciones de despilfarro
Funcionarios y referentes del oficialismo sostienen que la extensión de los subsidios estimuló un uso excesivo del gas. Sin embargo, un relevamiento realizado por una consultora especializada en economía y energía indica que el consumo en las nuevas zonas frías creció apenas un 7% entre 2021 y 2024, cifra que sus autores describen como evidencia de un uso moderado y responsable.
El Instituto Consenso Federal agrega otro argumento de peso: las zonas frías requieren, por condiciones climáticas objetivas, casi el doble de consumo de gas que las regiones de temperatura más templada. En ese contexto, los descuentos no operan como un privilegio sino como una compensación frente a una necesidad estructural.
En el mismo sentido, los críticos del proyecto señalan que hablar de tarifas “regaladas” resulta difícil de sostener cuando, según estudios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET, las tarifas de gas acumularon un incremento del 1.500% desde el inicio de la gestión Milei.
Finalmente, el debate incorporó una comparación internacional que el Instituto Consenso Federal rebate con datos concretos: la afirmación de que Argentina consume más gas per cápita que los países nórdicos omite que en esas naciones el gas representa menos del 15% de la matriz energética total, compensado por fuentes alternativas. La composición de esa matriz, sostienen, no es responsabilidad de los consumidores residenciales.
Los diputados hoy tienen la palabra sobre si el ajuste seguirá pasando por los bolsillos de los consumidores y pymes argentinas.