Ante la decisión del Gobierno de dejar de financiarlo, el Comité del Instituto que integran cámaras privadas acordó un dar un paso clave. Rechazo al ajuste.
El Instituto de Desarrollo Rural, que pelea para sobrevivir, funciona en el Parque TIC de Godoy Cruz
Al menos hasta el 10 de julio la Fundación del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), considerado clave para la producción de Mendoza, seguirá en actividad tal como hasta ahora. Así lo decidió el Consejo Directivo que integran el sector privado y el público, en medio de la polémica por el ajuste de subsidios que ponen en riesgo su futuro.
La del martes era una reunión clave. Más allá de calentarse el debate por la quita que ya decidió el Gobierno provincial, su principal fuente de financiamiento por aportar más de $800 millones para sostenerlo, hubo consenso en un punto luego de una larga discusión.
Tras cuatro horas, la única coincidencia fue pasar a un cuarto intermedio de dos semanas. Al margen de los 33 trabajadores que pueden ser despedidos, parece ser tiempo suficiente para que los socios del Consejo que conduce el IDR puedan formalizar un pedido: la intervención o mediación del propio gobernador Alfredo Cornejo.
"Se siguen buscando alternativas. Pero básicamente hay malestar por el desempeño y las formas de los funcionarios que comunicaron la decisión. Y sobre todo por la falta de medidas previas, que haya sido todo tan intempestivo", explicó uno de los presentes en la asamblea que reunió a 30 representantes de los distintos sectores, luego de pedir no ser identificado ante lo delicado de la situación.
Lo concreto, hasta ahora, es lo que el Gobierno le informó al Comité. Esto es, que después de 8 años se retirará como socio fundador del Instituto de Desarrollo Rural, y por tanto dejará de subsidiar sus gastos operativos. Lo mismo que optó por hacer con otra entidad similar pero de menor estructura como el IDC (Instituto de Desarrollo Comercial) que desde el 1 de julio dejará de existir como tal.
Sobre el ajuste que pone al borde de la extinción al IDR, si se votara a favor o en contra, el Ejecutivo provincial tendría las de perder. Es que sólo el sector público mendocino que está representado en la mesa (Irrigación, Iscamen, Dirección General de Escuelas y Ministerio de Producción) oficializó su retirada.
Las instituciones públicas nacionales, como Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo y el INTA, se pronunciaron en contra. Y por supuesto, también dijo no el sector privado que tiene su lugar en la mesa directiva: Sociedad Rural del Valle de Uco y zona Este, además de las Cámaras de Agricultura, Industria y Comercio de los departamentos de los distintos oasis productivos.
La historia continuará con la Asamblea del próximo miércoles 10 de julio. Más allá del pedido a Cornejo, resta definir quién, y cómo, luego del ajuste que parece no tener marcha atrás, podrá asegurar los casi $1000 millones que necesita el ente que asesora técnicamente a los productores de Mendoza para seguir adelante.