El Gobierno nacional apura los procesos para obtener lo que creen será una cifra cercana a los 2.000 millones de dólares a través de la venta y concesión de empresas públicas y otros activos estatales.
3 de mayo de 2026
El Gobierno acelera privatizaciones para captar 2.000 millones de dólares, en un contexto de debilidad económica, dudas del mercado y tensiones políticas.
Piedra del Aguila, una de las hidroelectricas que el gobierno privatiza en busca de dólares
El Gobierno nacional apura los procesos para obtener lo que creen será una cifra cercana a los 2.000 millones de dólares a través de la venta y concesión de empresas públicas y otros activos estatales.
La iniciativa fue presentada como parte de una estrategia que busca fortalecer las cuentas fiscales y, al mismo tiempo, recomponer expectativas en la economía real; sin embargo, la única realidad es que Javier Milei y Luis Caputo buscan sin descanso los dólares para hacer frente a los compromisos de pago de deuda.
El avance del programa es desigual: mientras algunos activos despiertan interés concreto entre inversores, otros enfrentan trabas vinculadas a cambios regulatorios, condiciones de mercado y particularidades operativas.
Entre los activos más atractivos figuran AySA, Metrogas y Transener, incluso bajo el actual esquema de regulación tarifaria. Dentro de este grupo, el proceso más avanzado es la venta de la participación estatal en Citelec, controlante de Transener, que opera cerca del 85% de la red de alta tensión del país.
La operación se lanzó con un precio base de 206 millones de dólares, a pesar de que la compañía registra utilidades anuales superiores a los 200 millones de dólares, lo que representa un diferencial que resulta atractivo para los compradores.
El consorcio integrado por Edison Energía y Genneia presentó este martes la oferta más alta en el proceso de venta de Transener y se encamina a convertirse, sujeto a confirmación oficial, en nuevo co-controlante de Citelec junto al grupo liderado por Marcelo Mindlin. La propuesta ganadora ascendió a US$356,1 millones, superando a Central Puerto (US$301 millones) y a Edenor (US$230 millones), que también competían por el activo clave en el sistema de transporte eléctrico.
La sociedad adjudicataria combina a Genneia (principal generadora de energías renovables del país) con Edison Transmisión, vinculada al holding de los hermanos Neuss y a inversores como el fondo Inverlat y empresarios del sector industrial. El grupo viene consolidando su presencia en el mercado energético argentino tras adquirir participaciones en distribuidoras y compañías de generación y transporte eléctrico en distintas provincias, lo que refuerza su posicionamiento estratégico en el sector.
En paralelo, AySA aparece como otro de los activos clave en preparación. La empresa logró en 2025 un superávit neto de 237 mil millones de pesos y redujo su deuda en un 85%, indicadores que fortalecen su posicionamiento frente al mercado.
El esquema en evaluación contempla la venta del 51% del paquete accionario, con un precio base estimado en 500 millones de dólares. El resto se distribuiría entre una oferta pública (39%) y la participación de los trabajadores (10%). Aunque la convocatoria formal aún no fue publicada, se espera su lanzamiento en el corto plazo. Como en otros procesos, dicen que la evaluación de las ofertas no se limitará al monto económico, sino que también considerará la capacidad técnica y los antecedentes de los oferentes.
Dentro del programa, el área de infraestructura ocupa un lugar central. La venta de los trenes de carga, valuada en unos 800 millones de dólares, volvió a postergarse: el llamado a licitación, previsto inicialmente para fines de abril, se trasladó a la primera quincena de mayo. Entre los interesados se mencionan un grupo multinacional, un consorcio agroexportador y dos empresas constructoras. Una vez lanzado el proceso, se prevé un plazo de tres meses para la adjudicación.
Más avanzadas están las concesiones viales. En la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones ya se abrieron ofertas económicas para 1.900 kilómetros, incluyendo corredores estratégicos como la autopista Ricchieri y la Ruta Nacional 5.
El proceso, no obstante, generó controversias. La exclusión de la empresa provincial AUBASA derivó en un conflicto con el gobierno bonaerense, que cuestionó los argumentos oficiales y anticipó acciones judiciales tras denunciar la filtración de su oferta.
En este frente, el Ministerio de Economía adelantó que el programa se ampliará con 12.000 kilómetros adicionales destinados a mantenimiento y expansión.
Según el Gobierno, el objetivo es doble: reactivar el sector de la construcción, que aún muestra rezagos, y atender el deterioro de la red vial, señalado por gobernadores e intendentes como un factor que impacta en la producción y la seguridad.
Sin embargo, la realidad y la historia marcan que es un programa que tiene todos los números para el fracaso. No hay manera de que el sector privado realice efectivamente, y no de promesas, la inversión que hay que realizar en la red vial de la Argentina.
Algunas operaciones avanzan con mayor dificultad. Es el caso de Intercargo, cuya valuación se fue ajustando a la baja: de más de u$s 100 millones a un precio base de u$s 45 millones, en un contexto de apertura a la competencia en los servicios de rampa aeroportuarios. La adjudicación podría resolverse en el corto plazo, con apertura de ofertas prevista para el 7 de mayo.
También presenta complejidades el proceso vinculado a Nucleoeléctrica, responsable de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. La dificultad para valuar el 44% del paquete accionario a transferir, sumada a antecedentes controvertidos en su gestión, ubican este caso entre los más complicados.
En paralelo, el Gobierno optó por retroceder en la desestatización de las importaciones de gas natural licuado. La suba de los precios internacionales, combinada con la regulación tarifaria local, implicaba un riesgo de traslado a los consumidores que el oficialismo decidió evitar al borde de un año electoral y con su imagen cayendo fuertemente.
El programa de privatizaciones y concesiones se desarrolla en un contexto de debilidad económica. Los últimos datos muestran caídas interanuales y mensuales en el nivel de actividad, mientras que la confianza del consumidor retrocedió un 5,7%, según la Universidad Di Tella.
Frente a este escenario, el equipo económico busca acelerar señales de recuperación mediante una combinación de medidas: anuncios de infraestructura, incentivos a la inversión en sectores como minería y energía, y políticas orientadas a reactivar el crédito.
En esa línea, el Banco Central comenzó a liberar encajes bancarios para aumentar la liquidez, mientras que el Banco Nación impulsa líneas de financiamiento con tasas subsidiadas y programas de cuotas, especialmente dirigidos al sector de la construcción.
El diagnóstico oficial reconoce tensiones estructurales. Por un lado, sectores dinámicos, vinculados principalmente a recursos naturales, muestran potencial de crecimiento, aunque con limitada generación de empleo.
Por otro, actividades más intensivas en trabajo continúan en retroceso, con impacto directo en el mercado laboral y el poder adquisitivo.
Los indicadores financieros de los hogares reflejan este deterioro. Según el Banco Central, el 11,2% presenta dificultades para afrontar sus deudas, frente al 2,94% registrado un año atrás. En el segmento no bancario, la morosidad alcanza el 26,7%, lo que anticipa un posible debate legislativo sobre la regulación del crédito digital.
En este contexto, la consolidación del programa económico no depende únicamente de variables macroeconómicas, sino también del horizonte político. Las expectativas de los inversores (incluidos los que participan del régimen RIGI) están condicionadas por la estabilidad del rumbo a mediano plazo.
Incluso desde el sector privado surgen interrogantes. El propio presidente mencionó que el empresario tecnológico Peter Thiel planteó dudas sobre la continuidad del esquema en ausencia del actual liderazgo. Esa incertidumbre se traduce en decisiones prudentes: avances en etapas preliminares, pero cautela a la hora de concretar desembolsos de mayor magnitud.
De este modo, el programa de privatizaciones y concesiones no solo apunta a generar ingresos fiscales inmediatos, sino también a enviar una señal de confianza. La efectividad estará condicionada por la capacidad del Gobierno de traducir la pseudoestabilización macroeconómica en una recuperación tangible de la actividad y el consumo, en un escenario donde las expectativas siguen siendo determinantes.
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