El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ingresó en una nueva etapa institucional que redefine su rol dentro de uno de los complejos agroindustriales más emblemáticos del nordeste argentino. A través de la Resolución 146/2025, publicada en el Boletín Oficial en las últimas horas, el organismo avanzó en una amplia depuración normativa que desarma el entramado regulatorio que durante más de dos décadas ordenó la producción, la cosecha y la comercialización de la yerba mate.
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La yerba mate en el camino del INV: se confirma una peligrosa desregulación
El Instituto de la Yerba Mate avanzó en una profunda desregulación del sector generando tensiones entre industria y productores. Las similitudes con el INV
Una desregulación imparable
La medida no es un hecho aislado. Se inscribe en el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional y tiene enormes similitudes con la destrucción que también lleva adelante del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que fue cuestionado hasta por un aliado incondicional del Gobierno como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
En este nuevo marco, el Instituto deja de ser un actor con capacidad de intervención económica para convertirse en un organismo con funciones acotadas, concentradas casi exclusivamente en tareas de control formal.
Derogan de normas clave
El núcleo de la reforma está dado por la derogación de tres resoluciones consideradas estructurales para el funcionamiento del sector: la 15/2003, la 37/2007 y la 103/2017. Cada una de ellas cumplía un rol clave en el esquema de regulación vigente.
La Resolución 15/2003 definía las conductas violatorias dentro de la cadena yerbatera y establecía parámetros estrictos para resguardar la calidad del producto, desde el porcentaje máximo de palo y polvo hasta condiciones sanitarias en cosecha, transporte y acopio. Su eliminación implica que el INYM pierde herramientas propias para sancionar incumplimientos, aun cuando algunos estándares continúen vigentes en el Código Alimentario Argentino.
Cambios con impacto agronómico y ambiental
La Resolución 37/2007, por su parte, suspendía históricamente la cosecha y la secanza durante los meses de octubre y noviembre, un período considerado clave para la recuperación fisiológica de la planta. Con su derogación, desaparece una de las regulaciones más sensibles desde el punto de vista agronómico y ambiental. A partir de ahora, la preservación del ciclo biológico del cultivo queda librada a la decisión de cada operador, sin una instancia institucional que ordene o limite las prácticas productivas.
En tanto, la Resolución 103/2017 establecía la suspensión automática de operadores que, al momento de una inspección, no contaran con la documentación respaldatoria de ingresos y egresos de materia prima. Su eliminación flexibiliza el régimen sancionatorio y, según advierten sectores críticos, dificulta el control efectivo sobre la comercialización informal dentro de la cadena.
La Resolución 146/2025 avanza además sobre la reforma parcial de la Resolución 21/2009, vinculada a las declaraciones juradas. Se eliminan sanciones consideradas gravosas y se las reemplaza por un esquema de intimaciones previas, con plazos de regularización antes de proceder a una eventual inhabilitación. El nuevo procedimiento apunta a reducir la carga administrativa y las penalidades automáticas, en línea con la filosofía general de simplificación normativa.
Dudas sobre la capacidad de control
Desde el INYM se argumenta que esta depuración no implica renunciar al control, sino reordenar sus funciones. En los considerandos de la norma se sostiene que el organismo mantendrá la verificación de las declaraciones juradas, la trazabilidad del producto y los controles indispensables para garantizar la salubridad y calidad de la yerba mate. Sin embargo, la magnitud de las normas derogadas alimenta dudas sobre la capacidad real de fiscalización en un escenario de menor intervención.
Las similitudes con el proceso que viene llevando adelante el Gobierno en el INV, con las resoluciones que comienzan a regir el 1 de enero, no son casualidad: son la confirmación de que el Gobierno inclina la cancha permanentemente hacia el lado de los actores concentrados, por sobre los productores y hasta incluso los consumidores, porque pone en serio riesgo la calidad, genuinidad y excelencia del producto.
Provincias en alerta
El impacto político y económico de la decisión, al igual que en Mendoza, no pasó inadvertido en las provincias productoras. Mientras sectores industriales y grandes operadores valoran la apertura como una oportunidad para ganar competitividad y atraer inversiones, cooperativas y pequeños productores advierten que la desregulación traslada riesgos significativos a los eslabones más débiles de la cadena, en un mercado históricamente concentrado y que, más que ganar competitividad, puede perderla por la baja de la calidad del producto.