Los jubilados pierden poder adquisitivo tras los cambios impulsados por Javier Milei: bonos congelados, fórmula atada al IPC y recortes en PAMI.
Mientras los jubilados marchan una vez más a la Plaza Congreso y los diputados intentan aprobar una actualización del bono complementario a la jubilación mínima, congelado en los 70 mil pesos desde la asunción de Javier Milei, se puede dar una retrospectiva de qué pasó con los ingresos de la clase pasiva desde diciembre de 2023.
Desde la asunción del nuevo gobierno, la política previsional argentina ha transitado un camino marcado por el ajuste. Las decisiones administrativas del Ejecutivo configuraron un escenario de pérdida sostenida del poder adquisitivo para jubilados y pensionados, lo que se consolidó en el marco de una política fiscal orientada al equilibrio de las cuentas públicas.
El eje más evidente de este proceso fue el impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, a través del cual se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria. La nueva modalidad establece un ajuste mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en reemplazo de la fórmula vigente desde 2021 (Ley 27.609), que consideraba una combinación de recaudación y evolución salarial. Si bien este mecanismo permitió cierta recomposición de haberes en los primeros meses del año, en la comparación interanual la pérdida se vuelve evidente.
La política previsional formó parte central del esquema de consolidación fiscal (el famoso superávit fiscal que proclama Javier Milei). Según datos oficiales, el 19,2% del ajuste del gasto público en 2024 se explicó por la caída del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones. Lejos de ser una consecuencia marginal, esta retracción operó como uno de los pilares del superávit fiscal logrado por el Ejecutivo, explica el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
La comparación entre la fórmula vigente y la derogada permite dimensionar el perjuicio. De haberse mantenido el sistema anterior, los aumentos correspondientes a septiembre y diciembre de 2024, así como marzo y junio de 2025, hubieran sido superiores a los efectivamente otorgados. Por caso, en junio de 2025, la jubilación mínima sin bono asciende a 304.726 pesos con el nuevo esquema. En cambio, con la fórmula anterior, ese mismo haber se habría ubicado en 403.302 pesos, es decir, un 32,3% más alto.
A esta dinámica se suma la congelación del bono previsional. Desde marzo de 2024, el monto adicional que perciben aproximadamente siete de cada diez jubilados se mantuvo fijo en 70.000 pesos. Esta decisión implicó una licuación acelerada del beneficio, que aumentó apenas 83% entre marzo de 2024 y junio de 2025, frente a un incremento del 127% en los haberes. Para conservar su poder de compra, el bono debería haber alcanzado los 158.658 pesos para junio de este año, lo que representa una diferencia de 88.658 pesos. El Ejecutivo no contempla actualizaciones: de mantenerse el congelamiento, en diciembre de 2025 los jubilados dejarán de percibir 107.417 pesos mensuales respecto a un valor actualizado.
Contrariamente a los dichos del presidente Javier Milei, los jubilados no han logrado ganarle a la inflación. Entre abril y junio de 2025, el poder de compra de las jubilaciones sin bono se ubicó un 3,1% por debajo del último trimestre de la gestión anterior. En el caso de los beneficiarios con bono, la caída fue del 15,7%. La comparación trimestral permite una lectura adecuada, dado que la fórmula anterior actualizaba los haberes cada tres meses.
Además, el nuevo esquema previsional, al estar atado exclusivamente al IPC, impide toda recuperación del poder adquisitivo. En cambio, el proyecto de ley aprobado por el Congreso (Ley 27.756) y vetado por el Ejecutivo proponía una recomposición del 7,2% para todos los haberes, la garantía de un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto, y una cláusula de actualización por salarios.
El deterioro del poder adquisitivo se ve agravado por cambios en la política de medicamentos del PAMI. Se redujo el listado de productos con cobertura total y se endurecieron los criterios de acceso a la gratuidad. Como resultado, menos jubilados acceden a medicamentos sin cargo, y los que deben pagar los afrontan con incrementos muy superiores a la inflación general.
Desde diciembre de 2023 hasta abril de 2025, la denominada "canasta PAMI" aumentó un 394,2%, es decir, 185,9 puntos porcentuales por encima de la jubilación mínima con bono y 150,3 por sobre el IPC acumulado. Esta evolución refleja una pérdida real de acceso a bienes esenciales para la salud y calidad de vida de la población mayor.
A ello se suma el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025, sin prórroga. Tal como se había anticipado, esta decisión dejó a la mayoría de las personas en edad jubilatoria sin posibilidad de acceso a una jubilación contributiva. En concreto, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que llegan a la edad legal sin los años de aportes requeridos solo podrán aspirar a una PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), equivalente al 80% de la jubilación mínima y sin derecho a pensión por viudez.