Fallo por YPF: la Justicia de Nueva York revoca la condena contra Argentina pero agranda la grieta política

Del otro lado, con razón, celebraron que en Nueva York se haya dado por válidos los argumentos de la ley que recuperó la mayoría accionaria de YPF era perfectamente legal y ajustada al derecho argentino y que no había nada que reclamar en juzgados lejanos. Sin embargo no hubo mano tendida sino que las declaraciones fueron en el mismo camino de una grieta que nada la cierra.

YPF: Antecedentes de un litigio interminable

Para comprender el peso de la decisión en los tribunales neoyorquinos es necesario remontarse a 1993, cuando la privatización de YPF bajo la presidencia de Carlos Menem incluyó en el estatuto de la compañía una cláusula de protección a los accionistas minoritarios: cualquier entidad que adquiriera el control de la empresa debía lanzar una oferta pública de adquisición a precio de mercado. Casi dos décadas después, en abril de 2012, el Congreso sancionó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública el 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de la española Repsol. La defensa argentina, encabezada entonces por Axel Kicillof como viceministro de Economía, sostuvo que la norma de expropiación, por ser de orden público, prevalecía sobre los estatutos privados. Los accionistas minoritarios no recibieron oferta alguna.

En 2015, el fondo Burford Capital adquirió por 15 millones de euros los derechos litigiosos de las empresas del Grupo Petersen, quebradas en España, y demandó a la Argentina ante la justicia de Nueva York argumentando que el Estado había actuado como inversor privado sin respetar las reglas de mercado de la propia compañía. En marzo de 2023, la jueza Loretta Preska declaró al Estado argentino responsable por incumplimiento de contrato y fijó en septiembre de ese año una condena de 16.100 millones de dólares, eximiendo a YPF como entidad separada.

La estrategia legal y sus continuidades

La apelación Argentina al fallo de Preska fue conducida desde la Procuración del Tesoro por Sebastián Amerio, quien había ocupado hasta poco antes la Secretaría de Justicia. Lo acompañaron los subprocuradores Santiago Castro Videla y Juan Ignacio Stampalija. Desde la Secretaría de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy coordinó la posición institucional del Ejecutivo. Un dato que el oficialismo prefirió no destacar es que el ex procurador Bernardo Saravia Frías, con experiencia acumulada en el caso desde gestiones previas, aportó continuidad técnica a una defensa que, en sus argumentos centrales, no había variado a lo largo de los distintos gobiernos. El estudio Sullivan & Cromwell LLP, encargado de la defensa del Estado desde enero de 2020, condujo la representación ante el tribunal.

La Cámara, con voto mayoritario de los jueces Denney Chin y Beth Robinson de raigambre demócrata (el tercero, José Cabranes de espíritu republicano se pronunció en disidencia), determinó que los hechos invocados por Burford estaban vinculados a normativas adoptadas en la Argentina sobre las que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción. El estatuto de YPF, razonó la mayoría, fue diseñado para regular adquisiciones privadas y no para aplicarse en el marco de una expropiación soberana.

La paradoja del festejo

El argumento que le dio la victoria a la Argentina ante el tribunal neoyorquino es, en esencia, el mismo que Kicillof sostuvo en 2012: que la expropiación constituyó un acto soberano amparado por la legislación nacional, y no una operación sujeta a las reglas de mercado. Esa continuidad resultó incómoda para un gobierno que, simultáneamente, celebraba el fallo como un logro propio y responsabilizaba al kirchnerismo por las consecuencias del proceso.

La Casa Rosada había señalado que "las decisiones populistas e intervencionistas adoptadas durante el gobierno kirchnerista expusieron al país a una contingencia judicial de magnitud extraordinaria". La paradoja es que los letrados del Estado defendieron ante la Cámara exactamente la legalidad de esas decisiones.

Kicillof respondió con precisión: "Los propios abogados del Estado argentino defendían en la justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre." Cristina Fernández de Kirchner agradeció públicamente al estudio Sullivan & Cromwell y afirmó que la posición argentina había contado con el respaldo de Estados Unidos en administraciones tanto demócratas como republicanas, incluyendo la actual.

Las consecuencias prácticas

Más allá de la disputa política, el fallo tiene consecuencias concretas. Quedó sin efecto la orden que obligaba al país a entregar acciones de YPF como forma de pago parcial, y se neutralizaron los intentos de Burford de ejecutar activos argentinos en el exterior. El fondo inglés vio caer sus acciones más de un 36 por ciento en la bolsa estadounidense al conocerse la decisión, y su capitalización de mercado se redujo de cerca de 3.500 millones de dólares (nivel alcanzado tras la sentencia de primera instancia en 2023) a poco más de 750 millones.

Burford conserva la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque los especialistas estiman que el máximo tribunal difícilmente intervenga en un caso en el que el propio Departamento de Justicia presentó escritos en apoyo de la posición argentina. El litigio, en consecuencia, parece encaminado hacia su cierre.

Para el Gobierno, el fallo ofreció también una oportunidad política: desplazar de la agenda el escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y retomar la iniciativa con un argumento concreto de gestión. "Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares", dijo Milei desde el atril. El número es real. La autoría del resultado, en cambio, admite más de una lectura.