El esquema de control de los productos comerciales en las góndolas argentinas ingresó en una etapa de profunda incertidumbre legislativa. El Gobierno nacional impulsa la derogación de la ley de etiquetado frontal, una normativa que obliga a las empresas a exhibir octógonos negros en cualquier alimento que supere los límites de azúcares, sodio, calorías o grasas.
- Sitio Andino >
- Sociedad >
Rechazo a la baja de la ley de etiquetado: 300 entidades de salud se oponen al plan oficial
El Gobierno nacional avanza para derogar la Ley de Etiquetado Frontal en cada alimento. La postura empresaria y el fuerte rechazo médico en el país.
Los argumentos oficiales y el respaldo del sector corporativo
La ofensiva parlamentaria se materializó a través de dos proyectos de ley complementarios. El primero de ellos se tramita en el Senado de la Nación y cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y del exjefe de Gabinete Manuel Adorni; el segundo ingresó por la Cámara de Diputados bajo la autoría de Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) y Daiana Fernández Molero (PRO). Desde la perspectiva oficialista, la norma vigente representa un exceso de intervención estatal que asfixia la competitividad comercial, impone costos de adecuación desproporcionados a las pequeñas y medianas empresas, y atenta contra la libertad de elección de los ciudadanos, promoviendo en su lugar un modelo basado puramente en la responsabilidad individual.
A esta postura se alineó formalmente la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). La presidenta de su comisión directiva, Carla Martín, manifestó el acompañamiento del sector empresarial a la baja de la ley bajo el argumento de que la herramienta elegida es defectuosa. Según la dirigente, los sellos negros nivelan de forma injusta hacia abajo, impidiendo diferenciar las mejoras nutricionales dentro de una misma categoría e ignorando que, según sus estadísticas, el 62% de la población no define sus compras basándose en las advertencias, sino en factores económicos como la etiqueta de precios. Desde COPAL proponen transicionar hacia un modelo armonizado dentro del Mercosur, similar al que implementó Brasil tras años de acumulación de evidencia.
Alarma médica: el duro descargo de las entidades científicas
En la vereda opuesta, la comunidad sanitaria y científica del país encendió las alarmas y manifestó un rechazo absoluto ante la posibilidad de dar de baja la legislación de promoción saludable. La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), respaldada por un frente de más de 300 organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales, emitió un duro comunicado advirtiendo que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en la Argentina y que la eliminación de esta política pública representa un grave retroceso sanitario.
Las entidades médicas sostienen que los sellos frontales constituyen una herramienta de salud pública validada científicamente, que permite a la población identificar de forma rápida y sencilla los componentes que elevan el riesgo cardiometabólico y fomentan enfermedades no transmisibles como la obesidad, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y la dislipidemia. Asimismo, defendieron el resto de los artículos protegidos por la ley, tales como los entornos escolares saludables y las restricciones a la publicidad masiva de productos ultraprocesados dirigida a las infancias, recordando que la avanzada oficial va a contramano de los consensos globales fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El debate que se avecina en los pasillos del Congreso promete reactivar las tensiones entre las corporaciones alimenticias y el sector sanitario. Una vez más, la discusión se focaliza entre la desregulación económica y la protección de la salud pública de los consumidores.